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Seguridad para las niñas y los niños, también en el mundo digital

El grooming es un crimen creciente en la era digital. Urge legislar y educar para proteger a niñas y niños. La indiferencia no es opción.

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Las redes sociales y el entorno digital han modificado prácticamente todas nuestras interacciones. Esto es cierto para quienes crecimos con la transición al mundo digital, pero también para nuestras hijas e hijos, quienes han estado expuestos a la tecnología desde siempre. El acceso a la tecnología y la conectividad han abierto grandes oportunidades, pero también han dado lugar a nuevas formas de violencia y abuso. Es responsabilidad de adultos, padres, madres, legisladores y autoridades garantizar que el espacio digital sea seguro para las infancias.

Uno de los delitos digitales más alarmantes es el grooming, una práctica en la que un adulto contacta a un menor a través de medios digitales para ganarse su confianza y luego involucrarlo en abuso. Es un crimen deleznable y ocurre con mayor frecuencia de lo que pensamos.

Según Save the Children, 4 de cada 10 niños y adolescentes en América Latina han interactuado con desconocidos en línea sin conocer los riesgos. El 15% ha recibido solicitudes de contenido íntimo, y el 26% ha sido abordado por un adulto con intenciones de iniciar una relación virtual. La falta de conciencia de adultos y la ausencia de legislación específica han permitido que estos delitos ocurran con impunidad. 1 de cada 4 niños ha sido vulnerado en su dignidad, intimidad y seguridad.

Esta semana presentaré una iniciativa de ley para tipificar el grooming como delito, con sanciones claras y severas. Es urgente actualizar el marco legal ante el crecimiento de este crimen, que no estaba considerado en las primeras reformas al Código Penal, ya que es un delito propio de la era digital.

Además de sanciones, es fundamental acompañar esta iniciativa con estrategias de prevención y educación digital, para que niñas, niños y adolescentes puedan identificar y denunciar estas situaciones. Padres, madres y docentes deben estar informados y preparados para detectar casos y actuar de inmediato.

Nuestra ciudad, la más conectada del país, no puede seguir indiferente ante esta realidad. El Estado debe proteger a la niñez y sancionar a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad. Nos toca defender a nuestras niñas y niños, y solo lo lograremos con la disposición de todos y todas. El precio de la indiferencia es demasiado alto.

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