Romper el ciclo: erradicar el trabajo infantil es una deuda con la niñez

En la Ciudad de México, un paisaje muy común y doloroso son las muchas niñas y niños que trabajan. Los vemos en las calles, en los mercados, en los semáforos, en el campo, en los talleres. Muchos de nosotros sentimos la tentación de ayudarlos de alguna manera, pero lo cierto es que no hay forma de que, como individuos, podamos proveer la red de derechos que necesitan garantizarse para terminar con esta realidad.

Niños trabajando en la calle

El trabajo infantil es consecuencia de la pobreza y de la falta de un sistema que los proteja, pero también es causa de un círculo de pobreza del que es prácticamente imposible salir. Cuando un niño trabaja en lugar de estudiar, se limita su desarrollo, se reduce su acceso a mejores oportunidades y se refuerza el círculo vicioso de la marginación. Erradicar el trabajo infantil es cumplir con el derecho más básico de los más vulnerables.

En México, según cifras del INEGI, más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizan alguna actividad económica, muchas veces en condiciones precarias, peligrosas o sin remuneración. Y aunque existen leyes que lo prohíben, lo cierto es que la tolerancia social, la falta de vigilancia y la ausencia de políticas integrales permiten que esta realidad persista.

El trabajo infantil perpetúa la pobreza y limita el futuro de los niños.

No hay debate al respecto. Todos debemos coincidir en que la niñez no debería ser parte de la fuerza laboral. Niñas, niños y adolescentes solo pueden construir un futuro de bienestar si en sus primeros años pueden crecer con dignidad, pueden jugar, pueden educarse y pueden vivir con la protección económica que proveen sus padres y madres. La situación es grave. Las familias que emplean a sus hijos son, en su mayoría, familias que no pueden solventar el mínimo de gastos, pero tampoco tienen una red de apoyo que les permita ofrecer otra realidad a sus hijos.

Erradicar el trabajo infantil implica garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad, a espacios seguros, a alimentación y salud. Implica también apoyar a las familias, porque ninguna madre o padre debería verse obligado a mandar a su hijo a trabajar por falta de recursos.

Por eso es urgente que el Estado mexicano asuma esta responsabilidad. Las niñas, niños y adolescentes necesitan protección, pero también necesitan salud, educación y seguridad. Sus padres y madres necesitan empleos dignos y una red de cuidados que les permita trabajar. El problema es del sistema y debe resolverse con un sistema integral.

Todos los niños deberían tener una niñez protegida: educación y bienestar.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI menciona que más de 2 millones de niños que se encuentran trabajando han realizado actividades no permitidas y de carácter peligroso, lo que provocó que más de 1 millón de niños y niñas sufrieran daños a su salud y desarrollo.

De igual manera, el 22.2% de niños sufren de horarios laborales prolongados, y el 42.9% desarrolla actividades con una alta exposición a riesgos, mientras que el 10.6% trabaja en jornadas con turnos mixtos y nocturnos.

La lucha contra el trabajo infantil no puede ser un tema de una sola dependencia o nivel de gobierno. Es una tarea compartida: desde lo legislativo, lo educativo, lo social y lo comunitario. Debemos fortalecer los mecanismos de detección, castigo y prevención, pero sobre todo, generar condiciones de vida dignas para todas las familias.

Como legisladora, tengo claro que es urgente avanzar en leyes que aseguren entornos libres de explotación para la niñez, pero también en políticas públicas que hagan viable esa protección. No basta con prohibir el trabajo infantil, hay que garantizar alternativas reales.

La niñez no es un problema que hay que resolver, es una etapa que debemos proteger. Y cada niño que trabaja es una señal de que algo estamos haciendo mal como sociedad.

El cambio debe provenir del gobierno y de la acción social para erradicar el trabajo infantil.