Por: Alejandra Cerecedo
Pedir comida, solicitar un viaje o pagar un servicio desde una aplicación se convirtió en parte de la rutina de millones de mexicanos. La promesa es sencilla: unos cuantos clics, una tarjeta registrada y el servicio llega a la puerta o al destino. El problema aparece cuando esa comodidad se convierte en una puerta para el abuso, los cargos no reconocidos y las estafas.
Los casos de usuarios que reportan problemas con plataformas como Rappi y DiDi continúan. Y aunque cada caso puede tener características distintas, hay un elemento que preocupa: cuando el consumidor enfrenta un cargo que no reconoce, un cobro duplicado, una operación que no autorizó o algún mecanismo de engaño relacionado con la plataforma, la respuesta no siempre resulta tan sencilla como debería.

No estamos hablando de un problema menor. La propia CONDUSEF ha advertido que los fraudes digitales siguen creciendo. Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 35 mil reclamaciones por posible fraude, y las reclamaciones por posible fraude en la banca múltiple aumentaron 18% respecto del mismo periodo de 2025.
Además, la CONDUSEF ya ha documentado que las plataformas digitales y los servicios de transporte privado forman parte del universo de reclamaciones relacionadas con operaciones de comercio electrónico. En registros previos, el rubro de transporte privado, que incluía, entre otras plataformas, a Rappi, acumuló más de 157 mil reclamaciones.
Por eso, más allá de señalar a una empresa en particular, el llamado debe ser institucional: CONDUSEF y PROFECO tienen que mirar con mayor atención lo que está ocurriendo alrededor de las plataformas digitales de servicios.
A CONDUSEF le corresponde atender la dimensión financiera de estos casos, particularmente cuando existen cargos no reconocidos o controversias relacionadas con medios de pago. La propia Comisión señala que, ante un cargo que el usuario no reconoce, existen mecanismos para objetarlo ante la institución financiera correspondiente.
A PROFECO, por su parte, le corresponde vigilar la relación entre consumidores y proveedores. La Procuraduría cuenta con mecanismos para recibir denuncias por posibles violaciones a la legislación de protección al consumidor y dispone de información sobre el comportamiento comercial de los proveedores, incluidas las quejas registradas en su contra.

El punto no es esperar a que las redes sociales se llenen de denuncias para reaccionar. Si existen patrones de comportamiento, ambas autoridades deberían identificarlos, medirlos y, cuando corresponda, actuar.
También las plataformas tienen una responsabilidad. No basta con ofrecer un botón de “ayuda” dentro de una aplicación. Cuando está en juego el dinero de una persona, la atención debe ser rápida, transparente y efectiva. El usuario no debería convertirse en investigador para demostrar que un cargo no lo hizo, ni tener que navegar entre respuestas automatizadas para recuperar su dinero. Y lo peor del caso: no dan ninguna solución.
Y hay algo más: los consumidores necesitan saber a quién acudir. Una parte del problema es que las fronteras entre una controversia comercial y una operación financiera pueden resultar confusas para quien simplemente ve desaparecer dinero de su cuenta.
Por eso, CONDUSEF y PROFECO deberían generar información clara y coordinada sobre qué hacer ante cargos no reconocidos, cobros indebidos, cancelaciones, reembolsos o posibles estafas vinculadas con plataformas digitales como Rappi y DiDi.
La tecnología avanzó mucho más rápido que nuestra cultura de protección al consumidor. Pero la protección de nuestros datos y nuestro dinero no puede quedarse atrás.
La comodidad de una aplicación no debe convertirse en la indefensión del usuario. CONDUSEF y PROFECO: el llamado es a revisar, investigar y actuar. Antes de que estas prácticas se normalicen y antes de que más consumidores terminen pagando por un servicio que nunca solicitaron.

Rumbo al Proceso Electoral de 2027
En unos días arrancará el proceso electoral federal de 2027 y, con él, uno de los mayores retos para las instituciones electorales: preservar la confianza ciudadana. Durante tres décadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha buscado demostrarlo sentencia tras sentencia, acercando la justicia a la ciudadanía, modernizando sus procesos e impulsando la justicia abierta. La capacitación de más de 700 mil personas en la Escuela Judicial Electoral, las defensorías públicas, el juicio en línea y las herramientas tecnológicas son parte de una misma convicción: que la justicia llegue a las personas. El reto hacia 2027, como mencionó el Magistrado Felipe de la Mata, será mantener ese compromiso: actuar con independencia, imparcialidad y apertura, sin filias ni fobias. El Tribunal no pide un acto de fe; pide que sus decisiones y sus resultados sean juzgados por los hechos.