Primero los pobres

El gobierno de México ha implementado diversas políticas sociales con el objetivo de reducir los niveles de pobreza en el país y éstas se mantienen en el centro del debate público tanto por simpatizantes del gobierno, quienes afirman su focalización histórica, como por grupos opositores quienes observan los efectos negativos.

Hace apenas una semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) -organismo público autónomo de México- encargado de evaluar la efectividad de las políticas públicas de desarrollo social en el país-, presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 (IEPDS 2022).

Dentro de los hallazgos más importantes se resalta que en 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó del 41.9% al 43.9%, lo que representa un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza; además, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema aumentó del 7.9% al 9.1%, lo que representa un incremento de 2.8 millones de personas. Aun cuando bajó la pobreza en zonas rurales, en 800 mil personas, aumentó en zonas urbanas en 4.5 millones de personas. Para el 2020, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en situación de pobreza, además el 49.5% de personas con alguna discapacidad presenta algún nivel de pobreza

Los ingresos corrientes por persona cayeron a nivel nacional 6.9%, pero en el caso de la Ciudad de México, la caída fue de 26.8% en el ingreso por persona, la peor caída de todas las entidades federativas.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado laboral, con una disminución de la ocupación y un aumento del desempleo, las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia fueron las más afectadas por el aumento de la pobreza.

Si bien es cierto que el rediseño de las políticas sociales del Gobierno, se han concentrado en la redistribución universal de los apoyos y con ello aumentó el porcentaje de hogares que reciben programas sociales, la tendencia a la baja en la recepción de los programas es tangible y se ve reflejada en los índices de pobreza de dicho informe.

Tanto la pandemia como las medidas económicas del gobierno han tenido un impacto en los índices de ocupación laboral del país y aunque según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), tuvo un nuevo mínimo histórico en diciembre, al ubicar en 2.76% a la Población No Económicamente Activa (PNEA) creció 1.2 millones, lo que nos da señales mixtas.

Una de las críticas al actual gobierno, es que los resultados de las políticas sociales han perdido su poder redistributivo, lo que merma la lucha contra la desigualdad.

Dentro de las causas se encuentran el anular el programa Prospera en el 2019 así como las políticas de austeridad. Existe incluso evidencia de datos publicados por el ENIGH 2020, en el que tan solo el programa Prospera llegaba a 10% más hogares que todos los programas juntos del actual gobierno.

Es momento de sentarse a revisar la estrategia, sobre todo pensando en los efectos de la inflación a corto y largo plazo y su impacto en los precios de la canasta básica, además de que la crítica se extiende a la misma que ha recorrido diferentes sexenios: no se trata de corregir la política estructural de los programas, sino de hacer las políticas redistributivas más eficientes en su entrega e impulsar su progresividad.