La primera vez que fui a inscribirme a la UNAM recibí una hoja con una serie de dígitos. Pregunté, todavía con la emoción y la incertidumbre de quien estaba a punto de entrar a la Universidad, si ese era mi número de cuenta. La persona que me atendió me corrigió con una frase que nunca olvidé:

—“No. A partir de hoy tú eres este número”.

Quizá para quien la pronunció no fue más que una manera rápida de explicarme el sistema. Para mí terminó siendo una definición involuntaria de la Universidad. Desde ese día, buena parte de mi relación con la UNAM ha pasado por ese número: inscribirme, consultar calificaciones, hacer trámites, pedir documentos y demostrar, una y otra vez, que existo dentro de una institución que alberga a cientos de miles de personas.

Años después decidí preguntarle formalmente a la Universidad qué significaba aquel número. Mediante una solicitud de transparencia pedí que me explicaran cómo se conforman los números de cuenta de los estudiantes y qué representa cada uno de sus dígitos.

La UNAM respondió y ahora sé que, hasta la generación 1999, los números de cuenta estaban integrados por ocho dígitos: los primeros dos identificaban la generación; los siguientes cinco correspondían a un número secuencial, y el último era un dígito verificador.

A partir de la generación 2000, la cuenta pasó a tener nueve dígitos. El primero identifica el nivel por el cual ingresó el estudiante: el número 1 corresponde a Iniciación Universitaria; el 2, al nivel técnico; el 3, al bachillerato; el 4, a licenciatura; el 5, a posgrado, y el 7, a movilidad estudiantil. Los siguientes dos dígitos indican la generación; después aparecen cinco números asignados de manera secuencial y, al final, un dígito verificador. A quienes pertenecen a generaciones anteriores al año 2000 simplemente se les agrega un cero del lado izquierdo.

La respuesta parece meramente técnica, pero revela algo más profundo. Desde el primer dígito, la Universidad sabe por qué puerta entramos. Puede identificar si alguien llegó desde Iniciación Universitaria, bachillerato, licenciatura, posgrado o movilidad; sabe a qué generación pertenece, qué lugar ocupó en la secuencia administrativa y cuenta con un último número para comprobar que todo el registro sea correcto.

La Universidad puede saber de dónde venimos dentro de su sistema, pero el número no dice cuánto nos costó llegar. No revela si el estudiante salió de casa sin desayunar, si trabaja por las noches, si tarda dos horas en trasladarse, si pertenece a una familia universitaria desde la infancia o si es la primera persona de su hogar que logra entrar a la UNAM.

El sistema puede verificar que la cuenta existe. Lo que no puede verificar es la historia de quien está detrás de ella.

La UNAM produce identidad como pocas instituciones en México. Nos enseña a decir “mi Universidad”, a cantar el goya, a reconocer el azul y oro y a defender la autonomía. Pero detrás de esa comunidad también existe una maquinaria enorme que con demasiada frecuencia reduce al estudiante a un registro. Para el sistema somos una cuenta, una calificación, un historial, una generación, una baja o una cifra dentro de las estadísticas.

El problema no es tener un número. Una universidad de estas dimensiones necesita expedientes y controles. El problema comienza cuando el número importa más que la persona que lo porta; cuando nadie pregunta por qué un alumno dejó de asistir, por qué trabaja de noche, por qué tarda dos horas en llegar, por qué no entregó una tarea o por qué lleva toda la mañana sin comer.

En los mismos pasillos conviven realidades que rara vez se nombran. Hay estudiantes que llegan con apenas lo necesario para pagar el Metro y regresar a casa. Jóvenes que calculan si pueden comprar una comida o si ese dinero hará falta para el transporte del día siguiente. Algunos entran al salón con hambre, intentan concentrarse y aprenden a disimularla. A unos metros puede estacionarse otro estudiante en una camioneta Mercedes-Benz, tomar café antes de clase y volver a una casa donde estudiar no compite con la necesidad de trabajar.

Ninguno merece ser juzgado por el automóvil de su familia ni por las monedas que lleva en el bolsillo. La desigualdad no es culpa individual de quien tiene más ni una virtud automática de quien tiene menos. El problema es que la Universidad suele tratar como iguales a personas que comenzaron la carrera desde puntos radicalmente distintos.

La UNAM cobra cuotas simbólicas, pero estudiar nunca ha sido gratuito: cuesta transporte, comida, copias, libros, conexión a internet y, sobre todo, tiempo. Para algunas familias, ese tiempo puede financiarse. Para otras, cada hora dentro del aula es una hora que no produce ingreso.

Por eso resulta incómodo admitirlo: ingresar y permanecer en la UNAM también se ha convertido en un privilegio. No solamente por la enorme cantidad de aspirantes que quedan fuera, sino porque incluso dentro de la institución existen puertas que no se abren igual para todos.

El caso de Iniciación Universitaria, impartida en la Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, obliga a mirar esa contradicción. Se trata de un programa equivalente a la secundaria y constituye una vía temprana de incorporación a la Universidad. No es jurídicamente exacto afirmar que solamente ingresan hijos de trabajadores o de iinfluyentes, pues existe una vía para aspirantes externos. Pero la diferencia entre ambas puertas es difícil de justificar desde el ideal de igualdad.

La Jornada reportó en julio de 2026 que 86 por ciento de las personas aceptadas eran hijas de trabajadores o académicos universitarios y apenas 14 por ciento provenía del exterior.

El dato no debe utilizarse para atacar a las niñas y los niños beneficiados. Ellos no diseñaron el sistema. La pregunta debe dirigirse a las autoridades: ¿por qué una institución pública ofrece una ruta educativa privilegiada principalmente a quienes ya pertenecen a su propia estructura? ¿Por qué el parentesco laboral puede pesar tanto en el acceso a una oportunidad financiada con recursos públicos? ¿Cuántas posibilidades reales tiene un adolescente sin familiares en la Universidad frente a quien nació dentro de sus redes?

Hay personas cuya vida escolar puede transcurrir casi enteramente dentro de la UNAM: primero en un Centro de Desarrollo Infantil destinado a hijas e hijos de su personal; después en Iniciación Universitaria; más tarde en la Preparatoria 2 y finalmente en una licenciatura mediante el pase reglamentado.

Es una trayectoria extraordinaria para quien puede recorrerla. También es el retrato de una Universidad capaz de acompañar a alguien desde la primera infancia hasta la vida profesional, pero que no ofrece esa continuidad en condiciones equivalentes a la mayoría.

Cuando una institución permite que el acceso, las plazas laborales y las oportunidades parezcan circular entre los mismos apellidos, la sospecha de los “recomendados” aparece inevitablemente.

El STUNAM ha conquistado derechos laborales que deben reconocerse y defenderse, pero ningún sindicato puede convertirse en una zona exenta de crítica. Proteger a los trabajadores no debe significar cerrar oportunidades, normalizar redes familiares o convertir una plaza en patrimonio transmisible. Cuando el parentesco desplaza al mérito y las oportunidades se distribuyen entre familiares y recomendados, eso tiene un nombre: nepotismo sindical.

Si la Universidad exige mérito a sus alumnos, también debe exigirlo en la contratación y promoción de su personal.

La contradicción se extiende al aula. La libertad de cátedra es una condición indispensable de la Universidad y debe protegerse frente a cualquier intento de censura. Pero libertad de cátedra no significa libertad para adoctrinar. Un profesor puede exponer sus convicciones políticas, confrontar ideas y provocar discusiones; lo que no debería hacer es utilizar la calificación, la autoridad o el prestigio académico para premiar obediencias ideológicas.

La Universidad tiene que enseñarnos a pensar, no indicarnos qué debemos pensar.

Fuera del salón, la autonomía tampoco puede confundirse con opacidad. Cada peso que recibe la UNAM es dinero público y debe poder seguirse desde el presupuesto hasta su destino final. Las compras cuestionadas por posibles sobreprecios, los contratos poco claros y cualquier señalamiento sobre desvío de recursos no pueden responderse únicamente invocando el prestigio institucional.

La autonomía protege la libertad académica y el autogobierno; no concede permiso para ocultar, encubrir o administrar sin rendir cuentas. Cuando existan sospechas, la respuesta debe ser información abierta, auditorías comprensibles y responsabilidades concretas.

Conocí de cerca otro episodio que muestra hasta dónde puede llegar esa maquinaria institucional. Un estudiante promovió un juicio de amparo contra la UNAM al considerar que el cobro por un curso de inglés impartido por la Facultad de Derecho resultaba inconstitucional. Ese estudiante resultó ser uno de mis mejores amigos, por lo que pude conocer lo sucedido más allá de rumores o versiones lejanas.

Una semana antes de que la Suprema Corte sesionara el asunto, un funcionario de la Universidad fue a buscarlo directamente a su salón para pedirle que se desistiera del amparo a cambio de algún “beneficio”. Para encontrarlo tuvieron que saber quién era, conocer su número de cuenta, consultar su horario y ubicar el salón exacto en el que se encontraba.

La información que debía servir para administrar su trayectoria académica terminó siendo utilizada para localizarlo y presionarlo por haber ejercido un derecho constitucional.

Aquella visita no fue una invitación inocente. Mi amigo la vivió como un mal uso de sus datos personales en un intento de evitar que la UNAM quedara exhibida mediante una resolución judicial de alcance nacional. Más allá de que se estuviera o no de acuerdo con su demanda, lo verdaderamente grave fue la reacción institucional: en lugar de defender jurídicamente el cobro ante un tribunal y esperar la sentencia, alguien decidió entrar a sus registros y buscarlo personalmente para tratar de detener el juicio.

La Universidad que enseña derechos no puede intimidar a quien decide ejercerlos. Mucho menos puede utilizar los datos personales y académicos de un estudiante como instrumentos de presión. El número de cuenta, el horario y el expediente deberían servir para garantizar derechos y facilitar trámites, no para vigilar, localizar o disciplinar a quien incomoda a la institución.

La seguridad universitaria muestra otra de las zonas más oscuras. Durante años, estudiantes han denunciado la convivencia entre autoridades, grupos de choque y personajes formados en la violencia porril.

En 2025, después de la muerte de Rodrigo Mondragón en Ciudad Universitaria, testimonios recabados por El País señalaron la existencia de un presunto grupo de choque dentro de la estructura de seguridad y Protección Civil. Trabajadores identificaron a funcionarios y mandos; la Universidad negó que existiera tal grupo y afirmó que su personal actuaba conforme a la normativa.

Esa contradicción no puede cerrarse con un comunicado. Debe investigarse.

Que una institución dedicada al conocimiento sea señalada por colocar a antiguos golpeadores —o a personas acusadas de operar como tales— en posiciones de mando representa una degradación profunda. La violencia universitaria no se combate reciclando sus estructuras ni administrando a los porros según la conveniencia de cada autoridad.

Se combate rompiendo vínculos, transparentando nombramientos, profesionalizando la seguridad y permitiendo que las denuncias lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Todo esto ocurre mientras al estudiante se le pide sentir orgullo. Y lo sentimos. Precisamente por eso duele.

Criticar a la UNAM no significa negar lo que nos ha dado ni sumarse a quienes desean debilitar la educación pública. Significa negarse a que el amor por la Universidad se convierta en silencio. Las instituciones públicas no se defienden ocultando sus defectos; se defienden obligándolas a estar a la altura de lo que representan.

La UNAM no es únicamente Rectoría, el Consejo Universitario, los sindicatos, los directores o los funcionarios. También es el alumno que desayunó antes de salir y el que lleva horas con el estómago vacío; quien llega en Mercedes-Benz y quien cuenta las monedas para el Metro; quien pertenece a una familia universitaria desde la infancia y quien fue el primero de su casa en cruzar una puerta de la Universidad.

La respuesta de transparencia ya me explicó qué significa cada dígito de mi número de cuenta. Ahora sé que contiene mi nivel de ingreso, mi generación, un número secuencial y un dígito encargado de verificar que la cuenta sea válida.

Pero ninguna de esas cifras puede contener todo lo que existe detrás del registro: el origen, los sacrificios, las desigualdades, las ideas y la historia de la persona a quien le fue asignado.

La Universidad puede necesitar un número para reconocernos dentro de sus sistemas. Lo que no puede permitirse es olvidar que no somos ese número.