¿Policías municipales en la CDMX? La ficción legal y la realidad operativa
En la CDMX no existen policías municipales… en teoría. En la práctica, las alcaldías ya construyen sus propios esquemas de seguridad. La pregunta ya no es si existen, sino por qué seguimos fingiendo que no.
En la Ciudad de México no existen policías municipales. La constitución local es clara: la responsabilidad de la seguridad pública se encuentra centralizada en el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo un esquema de mando único que busca garantizar coordinación, control y homogeneidad en la actuación policial.
Sin embargo, en la práctica, ese modelo comienza a mostrar fisuras.
En los últimos años, diversas alcaldías han recurrido de manera creciente a la contratación de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial para reforzar tareas de seguridad en sus territorios. Aunque estos cuerpos forman parte orgánica de la estructura central, su despliegue responde, cada vez más, a decisiones, recursos y prioridades locales.
La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un mecanismo de apoyo institucional o ante la construcción de policías municipales de facto?
Programas como “Blindar BJ” en la alcaldía Benito Juárez han sido presentados como casos de éxito. Mediante el incremento sustancial de elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria, la adquisición de patrullas y la implementación de esquemas de vigilancia por cuadrantes, se ha logrado fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad de reacción inmediata. En la misma lógica, estrategias similares en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero o Cuajimalpa han ampliado su estado de fuerza y consolidados esquemas de patrullaje focalizado, incluso avanzando hacia modelos de coordinación Inter alcaldías.
Estos casos muestran que el modelo puede generar resultados operativos concretos. No obstante, también evidencian un cambio silencioso en la forma en que se gestiona la seguridad pública en la ciudad: las alcaldías no solo complementan, sino que comienzan a estructurar capacidades propias de seguridad de manera exponencial.
Pero no todos los ejemplos han estado exentos de cuestionamientos.
Muestra de esto, fue lo suscitado en el año 2002 en la entonces Delegación Miguel Hidalgo, cuando el jefe Delegacional en turno creó un grupo denominado “Cuerpo de Alta Seguridad” conformado por 50 Policías Auxiliares contratados por la demarcación, pero que la gente terminó rebautizando como “Los Robocops”, en alusión al uso de equipamiento antimotines y al actuar rígido de los elementos. Más allá del término (que responde más a una construcción mediática que a una política formal), el fenómeno ilustra que la apuesta por modelos de seguridad centrados en la disuasión visual y la presencia constante, no necesariamente impactan de manera positiva en la percepción ciudadana.
A esto se suma la fragmentación no solo operativa, si no también simbólica.
La discusión en torno al balizamiento de patrullas es un ejemplo muy claro. La decisión del gobierno central de homologar colores, diseños y emblemas en las unidades policiales, limitando (para bien o para mal) la identificación propia de las alcaldías no responde únicamente a criterios estéticos, sino a una disputa de fondo: quién ejerce y, sobre todo, quién representa la autoridad en el espacio público.
Este pleito por los colores y diseño de las unidades llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que en 2024 confirmó que efectivamente el balizado de las patrullas capitalinas debe seguir los lineamientos expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin importar si estas fueron adquiridas por el Gobierno central o por las propias alcaldías.
Porque en seguridad, la imagen también comunica poder.
Así, la Ciudad de México vive una paradoja: mientras su diseño constitucional niega la existencia de policías municipales, en la práctica las alcaldías construyen esquemas de seguridad territorial con recursos, estrategias e incluso identidades propias.
El problema no es necesariamente su existencia. El problema es su indefinición.
La pregunta de fondo ya no es si estos modelos funcionan, sino si el orden jurídico e institucional está dispuesto a reconocer y regular una realidad que, desde hace tiempo, lo ha rebasado.