¿Poder judicial, INAI, Coneval?

Dentro del avance del proceso legislativo relacionado con el “Plan C” se encuentran diversos proyectos que incluyen modificaciones que han sido encaminadas a eliminar diversos órganos autónomos vinculados entre tantas otras cosas a una conquista/ganancia de los derechos: protegerlos.

En este sentido, preocupa la determinación relacionada a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CONEVAL), que pasaría a formar parte del INEGI.

Instituto Nacional de Transparencia

Preocupa la desaparición del INAI, que desde hace más de un año ha sufrido los embates de la inoperatividad, y que es un órgano autónomo que premia un derecho único: el derecho a la información. Construir ciudadanía, arroparla, hacer un ejercicio social de involucramiento en los quehaceres diarios de la política pública del país es estar informados y esta decisión deja un hueco que probablemente no se pueda llenar con buenos deseos y “buenos comportamientos”. El dictamen se pasará a discusión.

Sumado a ello, en el transcurso de la semana pasada ocurrieron además otras cosas. Morena obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no así en el Senado. La XVI Legislatura iniciará labores el 1 de septiembre y con ello el análisis y aprobación de reformas pendientes, entre ellas las propuestas por el presidente López Obrador.

Morena obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no así en el Senado.

Una de las más importantes es la del poder judicial, en donde se propone reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución a fin de reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte y la duración de su cargo de 15 a 12 años. Además, se eliminarían las dos salas del máximo tribunal y solo se realizarían sesiones en el pleno. Por otro lado, contempla la eliminación de la pensión vitalicia a ministros y plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

La reforma propone justicia expedita, es decir un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales; suspensiones, que se traduce en prohibir otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; justicia local en donde los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes, y Fideicomisos del Poder Judicial que propone que cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Poder Judicial de la Federación

La lectura nacional e internacional con esta reforma habla de un poder judicial que estaría comprometido en donde impactará directamente su libre actuación e independencia, pero también sus capacidades y si bien es cierto que se requiere revisar y mejorar, se requieren más certezas. Esto da además una señal de alarma a los mercados bursátiles y en las inversiones extranjeras directas, quienes se han retraído conforme las noticias de las reformas pasan. Es también una mala señal para la construcción de nuestra de por sí incipiente democracia. Aquí el panorama es claro, pero entonces, ¿no queremos contrapesos?. Bajo el manejo del discurso de un sistema que ya no funciona, probablemente desarticular sin un diálogo de por medio, sin escuchar otras voces, dejarla bajo el ala de intereses particulares seguirá siendo una pésima señal.