Cuidad de México | 12 de enero de 2022. | Redacción.-

Ariadna Montiel, la nueva secretaria de Bienestar y Rocío García, nombrada este 11 de enero como subsecretaria, promovieron la cancelación de las estancias infantiles por haber encontrado supuesta corrupción en su operación, pero en realidad solo tenían una evaluación que enlistaba incumplimientos y sus respectivas recomendaciones como “usar bote de basura con tapa”, “usar uñas cortas y sin esmalte”, “usar cubrebocas al servir alimentos” o que “los cepillos dentales de los niños tengan su nombre”.

En dicha evaluación –obtenida por Animal Político a través de solicitudes de transparencia– no existe ninguna referencia a la corrupción por “niños fantasma” con lo que justificaron la eliminación del subsidio a las instancias infantiles para sustituirlo por un programa de entrega directa de dinero a las madres.

La encargada de hacer dicha evaluación fue la nueva subsecretaria de Bienestar, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF; y los resultados fueron presentados por la entonces subsecretaria de Bienestar, y ahora titular, Ariadna Montiel frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia del 18 de febrero de 2019.

Rocío García no había tenido experiencia previa al respecto, pues entre sus cargos está “directora territorial” en la alcaldía Gustavo A. Madero, subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad; encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal y directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México. Y como directora del DIF, condicionó la entrega en efectivo del 2% y  hasta 4% de salario a los empleados de mandos medios y superiores para un supuesto programa del que no existe rastro oficial, como reveló Animal Político. Pese a que los afectados denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública, la investigación no avanzó.

En tanto, Ariadna Montiel presentó los resultados del estudio “Inconsistencias del programa. Evaluación DIF Nacional”, en las que aseguró que 40% de las estancias infantiles existentes hasta ese momento estaban en “rojo” y representaban un “riesgo para las niñas y niños”; 26% estaban en “amarillo” por estar en “situaciones que pueden representar  riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidas a corto plazo”; mientras que 4% estaban sin actividad y solo 30% “no presenta situaciones de riesgo”.

También dijo que habían identificado 244 mil niños registrados en las estancias, pero “hay 80 mil niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados, y cuenta a los niños, y el DIF no logró registrar a más de 80,000 niños”.

Dicho estudio nunca se hizo público, pese a que en él se basó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar  el programa que había funcionado desde 2007 y estaba dirigido a las familias más vulnerables, es decir, a las madres trabajadoras que no tienen servicio de estancia en el IMSS, el ISSSTE, CENDI, o no pueden pagar una privada.

Por lo tanto, este medio solicitó el “estudio” o el sustento técnico de dicha información, pero la Secretaría de Bienestar entregó un PDF con la evaluación del programa de estancias infantiles en el que no existe ninguna referencia a lo informado por la subsecretaria Montiel.

Mientras que el DIF entregó un archivo de Excel donde sí están enlistadas las observaciones de “irregularidades” encontradas en la revisión a las estancias. Sin embargo, al analizar los datos, solo incluyen a 5 mil 500 estancias, aunque hasta 2018 existían 9 mil 126 registradas en el padrón oficial. Es decir, solo revisaron o registraron 60% del total.

Cada una de las estancias tiene más de un incumplimiento, por eso es que por su “gravedad” están clasificadas en 17 mil en “rojo” y 11 mil en “amarillo”, enlistadas en una tabla de Excel y con su respectiva “recomendación”.