Junio se pinta de colores, pero los derechos de las personas LGBT+ siguen sin vivirse en el día a día: ni en las instituciones, ni en los partidos, ni en la calle.
Junio es el mes del PRIDE. Las calles se llenan de colores, el glitter inunda los espacios y el ambiente se siente festivo. Y aunque hoy lo celebremos con alegría, no olvidamos que su origen fue una lucha. El PRIDE no nació como una fiesta, sino como una respuesta valiente frente a la discriminación, la violencia y la negación de derechos. Nos gusta celebrarlo, sí, porque también es una forma de resistencia: abrazar con orgullo lo que antes nos obligaban a esconder. La fiesta no borra la memoria; la transforma.
Pero eso no significa que dejemos de ver lo que falta. Hace unos días me entrevistaron para conocer mi opinión sobre el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. De un total de 1,962 iniciativas y puntos de acuerdo presentados, apenas 25 están dirigidos a la población LGBT+. Es decir, solo el 1.4%. Ni siquiera el reciente Parlamento LGBT+ —un ejercicio valioso de representación— ha recibido la difusión institucional que merece. Pero el problema más grave no es solo la omisión legislativa: es la distancia abismal entre lo que se legisla y lo que realmente se vive.
Quizá se pregunten por qué considero que ese es el problema más grave. La razón es simple: de nada sirve lo simbólico sin un cambio real.
De nada sirve capacitar fiscalías si el personal se burla o minimiza nuestras denuncias.
De nada sirve pintar un cruce arcoíris si solo se invita a los aliados políticos.
De nada sirve el discurso si la exclusión persiste.
Esto pasa. Aunque incomode admitirlo, pasa. Seguimos resistiendo en oficinas, en el transporte público, en partidos políticos, en la vía pública, en el sistema de salud. Resistimos todos los días, en todos lados, porque el reconocimiento simbólico no basta cuando el sistema sigue operando desde la exclusión.
Y ahí es donde fallan las instituciones. No basta con promulgar leyes: falta formación, seguimiento y presupuesto. Muchas autoridades no aplican un enfoque de derechos humanos con perspectiva de diversidad, o simplemente no les interesa. El acceso a la justicia sigue siendo desigual, lento y revictimizante.
Pero también hay responsabilidad en la sociedad civil. Somos nosotras, nosotres, nosotros —las personas organizadas, las colectivas, los activistas— quienes empujamos los cambios, sostenemos espacios de denuncia y acompañamiento, y exigimos que los derechos no se queden en letra muerta.
¿Saben cuántas veces me han mirado raro por ser diversa y panista? No solo dentro de mi partido, también fuera de él. En otros espacios políticos ni siquiera reconocen nuestra existencia. Actúan como si ser parte de la diversidad sexual y militar en el PAN fueran cosas incompatibles.
¿Cuántas veces nos han excluido con el argumento de que “no hay personas diversas en el PAN”? ¿De verdad no hay, o simplemente preferimos seguir negándolo? Ese juicio simplista también es una forma de discriminación.
Sí, hay voces dentro del partido que sostienen posturas contrarias a los derechos humanos, no lo niego. Pero también estamos quienes peleamos desde adentro, quienes damos la batalla interna, quienes incomodamos con nuestra existencia. Muchas veces quedamos atrapadas, atrapados y atrapades entre los prejuicios externos y los discursos internos.
La discriminación no distingue colores partidistas. Y este es solo un ejemplo más de cómo opera en todos lados, incluso entre quienes dicen defender derechos.
Carla Castillo Concejal de la Alcaldía Benito Juárez 2024 – 2027. Y columnista de la CDMX.