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Movilidad sustentable, hasta que toca cobrar

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Una persona compra una bicicleta eléctrica para llegar al trabajo, ahorrar tiempo o completar el trayecto que el transporte público no resuelve. Hace cuentas, compara opciones y encuentra una manera de moverse que ocupa menos espacio que un automóvil. Entonces aparece el gobierno, que tanto habla de movilidad sustentable, para agregarle nuevos cobros y decirle por dónde ya no puede circular.

Esa contradicción está en el centro de la regulación de los vehículos eléctricos personales en la Ciudad de México. La autoridad sostiene que busca seguridad vial. Pero cuando se trata de cobrar, ofrece conceptos, trámites y tarifas; cuando se trata de proteger a quienes circulan, todavía tiene preguntas fundamentales que responder.

El 22 de septiembre, el Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Fiscal para establecer derechos de control vehicular de los llamados VEMEPE e incorporar expresamente su conducción a las licencias A1 y A2. El esquema contempla conceptos como alta, refrendo anual de placa y reposición de tarjeta de circulación. Me pronuncié en contra porque considero que la regulación debe concentrarse en ordenar y proteger, sin convertir cada alternativa de transporte en una nueva carga económica.

Conviene precisar el alcance: no todas las bicicletas eléctricas pertenecen a esa categoría. La regulación distingue entre los vehículos eléctricos personales de menor velocidad y los motorizados eléctricos personales que superan los 25 kilómetros por hora y cumplen determinadas características técnicas. Esa diferencia debe explicarse con claridad a compradores, vendedores y agentes de tránsito.

Desde el inicio hemos defendido que existan reglas. Identificar vehículos, conocer a sus propietarios, exigir conocimientos para conducir y proteger a peatones y ciclistas son objetivos necesarios. Precisamente por eso debemos examinar qué aporta cada obligación a la seguridad y cuánto cuesta cumplirla.

Durante el debate, los promotores de la reforma insistieron en que se trata de derechos, no de nuevos impuestos. La distinción jurídica existe. Sin embargo, para la persona que debe pagarlos, sigue siendo dinero que sale de su bolsillo. La autoridad tiene que justificar el costo del servicio administrativo y explicar por qué esa carga resulta razonable.

La discusión más delicada ocurre fuera de la ventanilla. Las reglas anunciadas por el Gobierno capitalino prohíben a los VEMEPE circular por ciclovías y también por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora. ¿Qué condiciones de seguridad encuentran sus usuarios en las calles donde sí pueden circular?

Proteger las ciclovías exige atender las diferencias de peso y velocidad entre vehículos. Pero sacar a un usuario de un espacio protegido también obliga a evaluar su exposición al tránsito. Si termina compartiendo un carril con automóviles y vehículos pesados, la autoridad debe explicar cómo reducirá ese riesgo. Una placa permite identificarlo; su protección depende además del diseño de la calle, del control de velocidades y del comportamiento de los demás conductores.

Mi preocupación es que estemos resolviendo la identificación administrativa mientras dejamos al usuario la tarea de encontrar cómo llegar vivo a su destino. Una política de seguridad vial debe evaluar el recorrido completo y las condiciones reales de circulación.

También hay que mirar el bolsillo de quienes encontraron en estos vehículos una alternativa accesible. Un cobro que desde una oficina parece pequeño puede pesar en el presupuesto de una familia. Si queremos impulsar formas de movilidad que permitan depender menos del automóvil, necesitamos facilitar su uso responsable y establecer obligaciones proporcionales a sus características.

El gobierno debe responder cuánto espera recaudar, cuánto cuesta prestar esos servicios y qué medidas concretas acompañarán la regulación para proteger a sus usuarios. Esa información permitiría evaluar sus prioridades.

La ciudad necesita un registro sencillo, formación vial accesible, reglas comprensibles y trayectos seguros. Cada obligación debería poder justificarse por su contribución a esos objetivos.

Promover la movilidad sustentable compromete al gobierno a hacerla viable. Cobrarle a quien la utiliza, restringir sus espacios de circulación y dejar sin resolver su seguridad es una manera de castigar una decisión que la propia ciudad debería acompañar.

La responsabilidad de la autoridad continúa después de entregar la placa: llega hasta la calle por la que esa persona tiene que volver a casa.

Federico Chávez Semerena es diputado local de la Ciudad de México. Cree que las mejores políticas públicas son aquellas que mejoran la vida cotidiana de las personas, desde el tiempo que pasan con su familia hasta la forma en que se mueven, hacen deporte o disfrutan el espacio público. Desde el Congreso capitalino impulsa una agenda enfocada en movilidad, juventud, comunidad y calidad de vida urbana, además de defender los intereses y el bienestar de las y los vecinos de Benito Juárez.

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¿Defender la paz le incomoda al poder?

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Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convierte sus obsesiones personales en un asunto político internacional. Este 9 de octubre, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay por su defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, mientras el Gobierno de Trump anunciaba nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI).

La coincidencia resulta, cuando menos, irónica. Después de insistir públicamente en que merece el Nobel de la Paz, Trump vuelve a quedar fuera de la lista de galardonados. Y Pillay, al conocer la noticia, respondió con humor: bromeó con que quizá compartiría el premio con él si el público seguía aplaudiendo. Una frase breve, pero suficiente para poner en evidencia la distancia entre buscar un reconocimiento y construir una trayectoria que lo respalde.

No es la primera vez que el Nobel se cruza con las aspiraciones del mandatario estadounidense. En enero de este año, la opositora venezolana María Corina Machado le entregó a Trump la medalla física del premio que ella recibió en 2025, como gesto de agradecimiento por su respaldo a la causa venezolana. Sin embargo, una medalla puede regalarse; el reconocimiento no se transfiere. Trump recibió el objeto, pero no se convirtió en laureado del Nobel.

El episodio retrata una forma de entender la política en la que los símbolos, los reconocimientos y la imagen personal parecen tener tanto peso como los resultados. Pero la paz no se acredita con una medalla ni se demuestra mediante declaraciones públicas. Se construye con decisiones, instituciones y respeto a las reglas.

La trayectoria de Navi Pillay contrasta con esa lógica. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, integró el Tribunal Penal Internacional y encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También presidió una comisión de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Su reconocimiento no responde a una aspiración personal, sino a una carrera dedicada a la defensa de los derechos humanos y al combate de la impunidad.

Por eso, el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra el TPI adquiere una relevancia particular. La Administración Trump sostiene que el tribunal amenaza la soberanía de Estados Unidos y rechaza su autoridad sobre ciudadanos y dirigentes estadounidenses. El tribunal, por su parte, denunció las medidas como un intento de obstaculizar la justicia internacional.

Puede que no haya elementos suficientes para asegurar que las sanciones fueron una represalia directa por el Nobel, pero la coincidencia de ambos anuncios exhibe una contradicción política que es difícil de ignorar, porque mientras se reconoce a una jurista por defender el derecho internacional, una de las principales potencias del mundo endurece su presión contra una institución encargada de perseguir crímenes internacionales.

La discusión no consiste en afirmar que el TPI es infalible ni en negar que los Estados puedan cuestionar su competencia. Consiste en distinguir entre defender la soberanía por las vías jurídicas y recurrir a la presión económica para debilitar a una institución cuya actuación resulta incómoda.

Para México y América Latina, el debate no es ajeno. Somos países que han recurrido al derecho internacional para defender la soberanía, los derechos humanos y la solución pacífica de controversias. Esos principios pierden consistencia si los defendemos únicamente cuando favorecen a nuestros gobiernos o coinciden con nuestras afinidades políticas.

La paz necesita diplomacia, pero también necesita justicia. Sin mecanismos de rendición de cuentas, corre el riesgo de convertirse en una tregua que protege a los poderosos y deja a las víctimas esperando indefinidamente.

Al final, el problema no es que Trump quiera recibir un premio, cualquier dirigente puede aspirar a un reconocimientos pero el problema aparece cuando esa aspiración parece confundirse con un derecho personal y cuando las instituciones que no responden a sus intereses se convierten en adversarias.

El Nobel no se entrega por insistencia, ni el derecho internacional debería depender del capricho de nadie. Parte del trabajo para velar la paz trata en respetar las reglas.

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Conciertos cancelados: causas ajenas a todos, consecuencias para uno solo

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Hay una frase que los fans de los conciertos ya aprendimos a reconocer: “por causas ajenas al artista, al promotor y al recinto.” Aparece siempre que una presentación se cancela. Y siempre significa lo mismo: nadie va a explicar nada.

El caso más reciente es el de TINI. El 6 de octubre, Zignia Live, Music Vibe y la Arena CDMX anunciaron la cancelación de su concierto del 25 de octubre. El comunicado decía que la fecha quedaba cancelada por causas ajenas a las tres partes. Hasta hoy, ni las promotoras ni la artista han dado una explicación concreta. Circulan rumores de baja venta y de conflictos internos, pero nada confirmado. Lo interesante es que TINI ya había tocado en ese mismo recinto el 4 de septiembre, con lleno total, y también en Guadalajara y Monterrey.

El patrón no es nuevo. En marzo, Ocesa canceló los dos conciertos de P!nk en el Estadio GNP Seguros, programados para el 26 y 27 de abril. Era su regreso a México después de más de veinte años, y la segunda fecha se había abierto por alta demanda. El comunicado habló de complicaciones derivadas de un caso fortuito que afectaba la logística y que era ajeno al artista, al promotor y al recinto. La frase más redonda de deslinde total que se haya escrito. La cantante tampoco se pronunció a detalle.

En agosto le tocó a Aitana. Su presentación del 4 de noviembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla fue cancelada por complicaciones logísticas imprevistas y, otra vez, ajenas a todos. Ella misma lo publicó en redes con el mismo argumento. Casi al mismo tiempo, anunció una tercera fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El resto de la gira por México siguió intacto. Nadie dijo que una cosa tuviera que ver con la otra, pero muchos de sus fans de Puebla sacaron sus propias conclusiones: perdieron su concierto mientras la capital ganaba uno más.

Y luego está el caso de Carin León en The Sphere, que fue un poco distinto, pero funciona como contraste. El 10 de septiembre, los asistentes ya estaban dentro del recinto en Las Vegas cuando, pasadas las ocho y media de la noche, anunciaron por las bocinas que no habría presentación. Hubo abucheos. Al día siguiente, el cantante explicó con detalle lo que había pasado: dos fallas mecánicas en aviones privados al salir de Hermosillo, primero de frenos y luego de dirección, y la negativa de las autoridades aeroportuarias a autorizar el vuelo. La crítica, en todo caso, apuntó a que el artista no estuviera en la sede con la debida antelación. Lo más descarado fue que la fecha se reprogramó para el 15 de septiembre de 2027. Un año después. Los boletos seguirán siendo válidos, y quien no pueda ir tiene derecho a reembolso. Lo que nadie reembolsa son los vuelos, los hoteles y los días de vacaciones de quienes viajaron a Las Vegas para esa noche.

Ahí está el fondo del asunto. En todos los casos, con explicación o sin ella, el que pierde es el mismo.

Y conviene sumar otro factor. Cada vez es más común que los conciertos se anuncien con meses, incluso años de anticipación. La venta arranca a los pocos días del anuncio, sin dar tiempo a que nadie planee ni ahorre. Primero cobran. Después averiguan si el evento es viable. Se vende un lugar en un estadio que puede no tener fecha confirmada en la agenda real del artista, y si algo falla, la respuesta ya está redactada.

El daño mayor es de confianza. Cuando se abusa de las causas ajenas, las cancelaciones con razones legítimas también empiezan a sonar a excusa. El problema de usar siempre el mismo pretexto es que, cuando llega la razón verdadera, ya nadie la cree.

Porque si las causas siempre son ajenas al artista, al promotor y al recinto, entonces queda una sola pregunta: ¿de quién fue la culpa?

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Tres científicos, una alga y el cerebro humano

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Cada año, cuando se anuncian los Premios Nobel, aparecen palabras que para muchos parecen pertenecer a otro idioma. Términos técnicos, descubrimientos complejos y explicaciones que, a primera vista, parecen lejanas a nuestra vida cotidiana.

Pero detrás de algunos de esos reconocimientos hay historias profundamente humanas: curiosidad, preguntas persistentes y años dedicados a comprender algo que, en principio, parecía pequeño.

El Premio Nobel de Medicina 2026 es una de ellas.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron reconocidos por sus contribuciones al desarrollo de la optogenética, una herramienta que permite utilizar la luz para controlar determinadas neuronas y estudiar cómo funcionan los circuitos del cerebro.

Pero esta historia no comienza en el cerebro.

Comienza con una pequeña alga.

Peter Hegemann estudiaba microorganismos capaces de orientarse hacia la luz. Quería entender cómo una célula tan sencilla podía detectar la luz y responder a ella. Junto con Georg Nagel, identificó y caracterizó proteínas capaces de reaccionar ante la luz y producir cambios eléctricos en las células.

Parecía una pregunta sobre un organismo microscópico.

Y nada más.

Hasta que Karl Deisseroth encontró en ese conocimiento una posibilidad extraordinaria: si esas proteínas podían responder a la luz, ¿podrían utilizarse para activar o desactivar neuronas específicas?

La respuesta abrió una nueva puerta para la neurociencia.

Con la optogenética, los investigadores pueden controlar con gran precisión grupos de neuronas y estudiar su participación en procesos como el movimiento, el aprendizaje, la memoria y las emociones. También permite investigar qué ocurre cuando determinados circuitos dejan de funcionar correctamente.

Así, una pregunta sobre cómo una diminuta alga encuentra la luz terminó ayudándonos a explorar uno de los territorios más complejos que conocemos: nuestro propio cerebro.

Y quizá ahí está la parte más fascinante de este Nobel.

Vivimos en una época que quiere resultados inmediatos. Preguntamos para qué sirve una investigación, cuánto costará y cuándo veremos sus beneficios. Pero la ciencia no siempre funciona así.

A veces, el conocimiento comienza con una pregunta cuyo destino nadie puede imaginar.

Hegemann no sabía que estudiar aquella alga contribuiría algún día a comprender las neuronas. Nagel tampoco podía anticipar hasta dónde llegaría el estudio de aquellas proteínas. Deisseroth tomó ese conocimiento y encontró una manera de convertirlo en una herramienta para mirar, con luz, algunos de los secretos del cerebro.

Tres científicos. Tres caminos. Una pregunta que fue creciendo con el tiempo.

El Nobel de Medicina de este año reconoce una tecnología capaz de iluminar neuronas, pero también nos recuerda algo que solemos olvidar: la ciencia necesita espacio para la curiosidad.

Porque los grandes descubrimientos no siempre comienzan con una solución.

A veces comienzan simplemente con alguien que observa algo pequeño, se sorprende y decide preguntar:

¿Cómo encuentra la luz?

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