De acuerdo con la ONU, las mujeres se enfrentan a 2 obstáculos al participar en política: barreras estructurales creadas por leyes e instituciones y las brechas relativas a las capacidades
Cuestionar la participación política de las mujeres ya no tiene cabida. Tampoco lo tiene la exclusión ni las viejas prácticas y eso es evidente cuando, a partir del impulso de acciones afirmativas y paridad, hemos visto cambios positivos en términos de acceso a puestos de representación y en cómo es que las mujeres y las minorías al verse representadas a través de sus luchas históricas impulsan agendas incluyentes e influyen en la toma de decisiones.
De acuerdo con la ONU, las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones y las brechas relativas a las capacidades que implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, contactos y recursos necesarios para ser representantes. Es por ello que la toma de decisiones a nivel nacional, estatal y municipal, así como promover sistemas electorales que garanticen los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos históricamente discriminados, así como dotar de herramientas que permitan su llegada a esos puestos de representación es una deuda histórica.
La semana pasada la Cámara de Diputados pretendía discutir la iniciativa para la modificación a la Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se dice entre otras cosas que la reforma de justicia electoral no toca la paridad ni las acciones afirmativas, pero esto es falso, ya que, si bien existe en la Constitución, históricamente el sistema de partidos no lo ha respetado y entre otras acciones, el Tribunal ha hecho el trabajo de interpretar y observar a favor de dichas representaciones.
Después de un amplio trabajo de la sociedad civil organizada, grupos que representan minorías y que por años han impulsado la alternancia y acciones afirmativas y la correcta interpretación de la Constitución, se estableció paridad en todo y a pesar de la resistencia de los partidos para dar voz y un lugar a grupos discriminados y minorías, el trabajo del Tribunal ha sido primordial para hacer valer lo dicho por la Ley.
Limitar la facultad de interpretación del TEPJF, afecta de forma directa y profunda los derechos peleados por años para las mujeres y las minorías, además permitiría un golpe a nuestra democracia, así como una regresión que seguirá beneficiando a las cúpulas de poder. Este asunto no está encarpetado, es necesario seguir observando lo que se pretende por parte de partidos políticos que inicialmente dieron el espaldarazo a la iniciativa, también lo es observar lo que será dicho por la Suprema Corte con respecto al Plan B de la Ley Electoral y es necesario no distraernos de las posibles segundas o terceras y hasta cuartas agendas con respecto a este tema, sobre todo en tiempos electorales de un bastión que está funcionando como un termómetro de lo que pasará en el 2024. Nadie da un paso sin una razón, menos las cúpulas de poder ¿o no?