En los primeros días de junio de 2024, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, habrán calificado la elección y le entregarán la constancia de mayoría a otra mujer que será la presidenta de la República a partir de octubre.
Setenta años después de que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, y tan solo seis años después del gran paso en la igualdad que fue la ley Paridad en Todo, tendremos una foto cargada de simbolismo donde, por primera vez, las mujeres no serán la minoría que se coló en el poder.
Sin embargo, no estamos aquí solo por la foto. Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad. Existe mucho ruido alrededor de la violencia política en razón de género, pero los árbitros electorales han tenido pocos “dientes” para sancionarla. Aunque existe un registro de personas sancionadas por este tipo de violencia en el cual hay 335 nombres, fuera de la exposición pública, falta mucho para dar justicia a las víctimas.
Por otro lado, ha habido casos como el de la periodista y académica Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de violencia política. Aunque el Tribunal revocó la multa y la sanción de Dresser argumentando que ejercía su libertad de expresión, queda la duda sobre qué es y qué no es un acto de violencia. Hay críticas hacia las candidatas, no solo las presidenciales, sino en todos los puestos de elección popular, que dejan a un lado las propuestas y visión de país y se enfocan en la violencia simbólica y estética. Una sociedad que normaliza esta violencia (viniendo de hombres o de mujeres) difícilmente podrá observarla y menos, sancionarla. Esto, al final, no le beneficia en nada a la democracia.
Debemos tener tolerancia cero a la violencia, venga de quien venga, y no permitir el acceso al poder de personas violentadoras. En diciembre de 2023, el INE aprobó la Ley 8 de 8 contra la violencia, que expande la 3 de 3 y que podrá retirar candidaturas a las personas que incurran en cualquiera de estos ocho supuestos de violencia:
- Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;
2. Contra la libertad y seguridad sexuales;
3. Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual;
4. Violencia familiar;
5. Violencia doméstica;
6. Violación a la intimidad sexual;
7. Violencia política, y
8. Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Avanzar en la sanción efectiva a la violencia también es una tarea pendiente. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y no vamos a acostumbrarnos a la violencia. Por ello, el TEPJF adelantó que ya está trabajando en la creación de una Defensoría para las Mujeres para juzgar y calificar las elecciones con perspectiva de género y coadyuvar a erradicar esta violencia que es su mayor obstáculo para el acceso y el ejercicio del poder.
La violencia, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo, nos sigue atravesando a todas las mujeres sin importar el origen, preferencia política, orientación sexual o etnicidad. Nuestra lucha es erradicarla en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la política.
