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#Opinión

La otra presidencia errática; la del Congreso

Ahora tenemos dos presidentes erráticos, uno en palacio nacional y otro en la Cámara de Diputados.

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En estos momentos la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo uno de los temas más importantes para la vida pública nacional: el paquete económico. Éste, define —en su mayoría— las finanzas públicas de la federación, estados y municipios; pero no solo eso, sino también la forma en que el estado habrá de hacerse de recursos para cumplir con sus obligaciones, esto incluye —por supuesto— el cobro de impuestos y derechos. Sin duda, todos ellos temas importantes que esperamos nuestros representantes debatan profundamente. Por ello me es relevante que hablemos de la mala conducción que hace el presidente de la Cámara de los Diputados.

La madrugada del 20 de octubre, en el marco de la discusión del paquete económico, legisladores de todos los partidos, principalmente del PAN y MORENA se enfrascaron hasta los golpes en el espacio designado para dirigirse a la nación: la tribuna. En el máximo espacio de representación popular un grupo de legisladores intercambiaron golpes e insultos a los pies de una presidencia de la mesa directiva errática y despistada que ante las agresiones solo supo agitar la campana y declarar un receso. Pero, ¿cuál fue el motivo de semejante encono legislativo? Pues amigas y amigos, todo tiene un contexto y un responsable principal.

La otra presidencia errática; la del Congreso

La pandemia, como ajonjolí de todos los moles, se ha colado también en la vida legislativa y ha repercutido en la forma en que se debaten los asuntos al interior del Congreso, pues con el objetivo de evitar contagios dentro del parlamento, se redujo el aforo de legisladoras y legisladores y se crearon sesiones semipresenciales para que, de esta manera, se resguardaran los derechos de las y los legisladores de participar en el debate, pero al mismo tiempo se cuidaran las medidas de protección ante la COVID-19. Todo esto se realizaba fundamentado en un Reglamento de reciente creación al que los legisladores se refieren como reglamentillo, pero que en realidad se denomina REGLAMENTO que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura. 

En el reglamento se establece que 24 horas antes de las sesiones, los grupos parlamentarios deben informar qué legisladores están acreditados para asistir a las sesiones presenciales y cuales lo harán de forma remota. Sin embargo, no se establece como proceder tratándose de votaciones económicas, esas que se realizan a mano alzada, ya que no dispone de un mecanismo justo para que solo voten las y los legisladores acreditados; o en su defecto, puedan votar también las y los que se encuentra vía remota, por lo que para cubrir esa laguna legal, los legisladores adoptaron la práctica parlamentaria de acordar previo a la sesión, cuántos legisladores asistirían presencialmente cuidando que estuvieran representados de forma proporcional y evitando de esta manera una sobrepresentación o subrepresentación en los debates.

Bien pues, en esta importante sesión del 20 de octubre no se realizó dicho acuerdo y los grupos parlamentarios al interior del Congreso quedaron representados de forma irregular, lo que ocasionó votaciones económicas dudosas, pues no se tenía certeza del número de legisladores de cada partido participando presencialmente. Ahora te preguntarás, ¿esto tenía solución? Sí, dos bien sencillas, una, declarar un receso y solicitar a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios que señalen a las y los legisladores acreditados que participarán en la sesión, a efectos de reducir el aforo y volverlo proporcionalmente representativo o dos, llevar a votación nominal (la que aparece en el tablero electrónico) las votaciones sobre la que los legisladores tienen dudas, haciendo válidos solo los votos de los legisladores acreditado. La realidad es que eran trámites sencillos para relajar el ambiente acalorado de la discusión y centrar el debate en el tema realmente importante: el paquete económico.

Sin embargo, la presidencia errática de la mesa directiva de la Cámara de Diputados optó por continuar la sesión de forma irregular y no concederles a los legisladores la oportunidad de transparentar y certificar las votaciones, con lo que se calentaron los ánimos y los partidarios de una u otra postura empezaron a intercambiar sendos insultos en el debate. Al final, resultó en el episodio que mediáticamente vimos, legisladores peleando e intercambiando golpes y empujones.

La responsabilidad mayor de esto recae en la presidencia de la mesa directiva, pues ellos son los encargados de conducir las sesiones, en ellos recae la importante responsabilidad de lograr debates productivos y eficaces, ellos son la válvula de presión en el debate político, una buena o mala presidencia de la mesa directiva, define, en gran medida, la calidad de las leyes y la eficiencia legislativa. La persona que ostenta el encargo de presidente de la mesa directiva, tiene la responsabilidad de mantenerse objetivo e imparcial en el desempeño de su labor, pues si bien representa a su Grupo Parlamentario, en dicho papel representa la unidad del Congreso y debe velar por todos sus miembros. 

Cuando un presidente de la Cámara de Diputados actúa de forma parcial y partidista, no genera acuerdos, no escucha, no concede y no corrige, lo que invariablemente ocasionará que los debates sean más ásperos, largos y poco democráticos. El presidente es la válvula de presión en los debates, él puede controlar los ánimos de la máxima tribuna, si él no lo hace, ¿quién.

Lo que esa noche vimos no fue a un político, vimos a un subordinado de la Presidencia de la República, eficaz en tramitar leyes, pero ineficaz en hacerlas por la vía democrática. Sin duda, leyes que no durarán una administración sin que sean reformadas o abrigadas, porque carecieron de consenso democráticos y visiones plurales. 

Aldo Jurado es licenciado en derecho, especialista en derecho constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestrante en derecho constitucional por la Escuela Libre de Derecho. Su experiencia profesional se desenvuelve en el servicio público y en el ámbito parlamentario; actualmente se desempeña como asesor legislativo.

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Lo que esta ciudad da por hecho

La ciudad funciona no porque todo esté resuelto, sino porque alguien sostiene lo esencial sin ser visto. Esa red invisible de cuidados mantiene todo en pie… pero no es infinita.

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Hay cosas que damos por hechas, no porque sean simples, sino porque alguien más ya las resolvió antes de que siquiera tuvieran oportunidad de volverse un problema. No las vemos, no las pensamos demasiado, no forman parte de ninguna conversación relevante, pero están ahí, sosteniendo lo cotidiano de una forma tan constante que terminan volviéndose invisibles.

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La vida en la Ciudad de México, con todo lo que implica: los tiempos imposibles, las distancias, el desgaste, sigue funcionando no porque todo esté bien estructurado, sino porque hay una capa previa que se encarga de que lo básico ocurra. Antes de que alguien llegue a trabajar, antes de que alguien pueda cumplir con su día, antes incluso de que empiece cualquier discusión sobre cómo debería mejorar la ciudad, ya hubo alguien que resolvió lo esencial.

Hay una parte de la ciudad que no aparece en los informes, ni en los discursos, ni en las discusiones públicas donde todo parece urgente. No tiene nombre técnico que genere titulares ni cifras que incomoden lo suficiente. Y, sin embargo, está en todas partes. Es esa red invisible que organiza la vida diaria: quién cuida, quién acompaña, quién se queda, quién ajusta su tiempo para que el de alguien más sí funcione.

Durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que eso pertenecía al ámbito privado, como si fuera una decisión individual o familiar, algo que cada quien debía resolver con mayor o menor éxito. Pero esa idea, más que explicar la realidad, la oculta. Porque lo que en realidad ocurre es que la ciudad está descansando sobre una estructura que no diseñó, que no financia y que tampoco reconoce del todo.

No es casual que, cuando algo falla en esa red, todo lo demás se desacomode. Cuando no hay quién cuide, quién esté, quién resuelva lo básico, lo que se detiene no es un detalle menor, sino la posibilidad misma de que alguien más salga, trabaje, produzca, participe. Lo que solemos llamar “vida cotidiana” depende mucho más de eso que de cualquier otra infraestructura.

Y, sin embargo, lo seguimos tratando como si fuera un asunto secundario.

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Parte de la incomodidad de este tema es que no tiene un responsable claro al cual señalar. No hay una sola decisión que explique el problema ni un solo actor que lo concentre. Es más difuso, más estructural, y por lo mismo más fácil de ignorar. La ciudad no colapsa porque siempre hay alguien que contiene el colapso antes de que se vuelva visible. Alguien que reorganiza su día, que pospone lo propio, que absorbe el desgaste para que todo lo demás pueda seguir ocurriendo con relativa normalidad.

Ahí está, quizá, lo más inquietante: que funciona.

Funciona lo suficiente como para que no se perciba como crisis, pero no lo suficiente como para que sea sostenible. Y en ese punto intermedio, donde todo parece seguir en pie aunque cada vez con más esfuerzo, es donde se instala una forma de desigualdad particularmente silenciosa.

Porque no todas las personas pueden resolver esa carga de la misma manera. Hay quienes pueden externalizarla, pagarla, delegarla. Y hay quienes la absorben por completo, reorganizando su vida alrededor de esa necesidad constante. No es solo una diferencia económica; es una diferencia en tiempo, en oportunidades, en desgaste acumulado.

La ciudad, entonces, no solo se divide por zonas, ingresos o acceso a servicios. También se divide por quién puede sostener su vida sin interrumpirse y quién tiene que detenerla constantemente para sostener la de otros.

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Y eso, aunque no se nombre así, también es una forma de política.

No de la que se discute en tribuna o se mide en encuestas, sino de la que define, en lo más cotidiano, quién tiene margen de decisión sobre su propio tiempo y quién no. Quién puede proyectar a futuro y quién vive resolviendo el presente inmediato.

Quizá por eso este tema no incomoda lo suficiente. Porque no estalla. No se traduce en crisis visibles ni en momentos de ruptura claros. Se queda en ese lugar incómodo donde todo sigue funcionando, pero a un costo que nadie termina de asumir públicamente.

La Ciudad de México no solo se sostiene por sus avenidas, sus decisiones administrativas o sus grandes proyectos. Se sostiene, sobre todo, por una red de cuidados que opera todos los días sin reconocimiento proporcional, sin descanso suficiente y sin una estructura que la respalde.

El problema no es que exista. Es que hemos aprendido a depender de ella como si fuera infinita.

Y no lo es.

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Cuando ir al fútbol se volvió lujo

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El regreso del América al Estadio Banorte (todavía el Azteca para casi todos) debía ser una fiesta. Después de casi dos años sin jugar ahí como local, el duelo ante Cruz Azul prometía marcar uno de esos momentos que reactivan la memoria futbolera de una ciudad. Pero la conversación, esta vez, no giró alrededor del partido. Giró alrededor de los precios.

X de Grupo Ollamani

Porque si algo dejó claro la reapertura del Coloso de Santa Úrsula es que volver al estadio cuesta, y cuesta mucho.

El boleto más barato para el Clásico Joven arranca en 683 pesos. El más caro supera los 9 mil pesos. El estacionamiento cuesta 1,139 pesos, casi cuatro veces más que antes de la remodelación. Para muchos aficionados, estacionar el coche resulta más caro que asistir a otros eventos deportivos completos en la ciudad.

Y ahí empieza la comparación incómoda.

En marzo, para el Pumas vs Cruz Azul en Ciudad Universitaria, los boletos más accesibles costaban 313 pesos. Un boleto para ver a los Diablos Rojos en el Estadio Alfredo Harp Helú puede costar desde 150 pesos. Es decir, un asiento premium para beisbol profesional cuesta menos que muchas zonas intermedias del renovado Azteca.

La pregunta entonces ya no es cuánto cuesta ver fútbol. La pregunta es otra: ¿para quién se está diseñando esta experiencia?

Porque lo más revelador no está solo en la Liga MX. Está en el contraste con el propio Mundial de 2026. Un boleto de fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA en México arrancaba en aproximadamente 1,640 pesos. Eso significa que ciertos boletos para un partido regular de temporada ya compiten en precio con partidos mundialistas en el mismo inmueble, que durante el torneo se llamará oficialmente Estadio Ciudad de México.

Captura propia del portal de Fanki

 

El dato resulta todavía más llamativo cuando se observa lo que ocurre alrededor de la FIFA. Esta semana, The New York Times reveló que se reasignaron asientos ya vendidos y se crearon nuevas zonas premium, desplazando a compradores previos. Lo que ocurre con el Mundial responde a la misma lógica que ya estamos viendo en México: convertir el fútbol en una experiencia segmentada, cada vez más premium y menos popular.

El Estadio Azteca siempre fue un símbolo de multitudes. Hoy, su nueva versión parece apostar por otra narrativa: terrazas exclusivas y Chairman’s Club.

El problema no es modernizar un estadio. El problema es modernizarlo expulsando a quienes históricamente le dieron vida.

Porque cuando un clásico de Liga MX empieza a costar como un Mundial, el mensaje es claro: el fútbol sigue siendo pasión de masas, pero verlo en vivo empieza a convertirse en privilegio.

Captura propia del portal FIFA Tickets

 

 

 

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¿Quién gana con la jornada de 40 horas?

La jornada de 40 horas es un avance, pero sin garantizar descanso real ni atender traslados e informalidad, el cambio se queda corto frente a la vida cotidiana de millones de trabajadores.

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Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar.” — Ramsey Clark. 

Tras años de lucha y exigencia social, en México se aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas este pasado 3 de marzo. Es un logro reclamado por trabajadores, sindicatos y familias que, durante décadas, pidieron tiempo para vivir y no solo para trabajar. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 73% de los trabajadores en México labora más de 40 horas por semana, lo que afecta su salud física y mental y propicia entornos laborales poco productivos debido al agotamiento. Como consecuencia de las condiciones laborales actuales, disponer de tiempo libre se ha convertido en un lujo y no en un derecho para las y los trabajadores del país.

Esta reforma laboral busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentando un mejor equilibrio entre la vida personal y la laboral. Su implementación será gradual: disminuirá 2 horas laborales por año a partir de 2027 hasta llegar a las 40 horas en 2030, y establece que no se reducirá el salario, sino que se mantendrá tal como se percibe actualmente. Que la reducción sea gradual es comprensible por las adecuaciones que las empresas deben hacer y para no afectar sus ingresos de forma abrupta, sin embargo esta gradualidad debe acompañarse de medidas inmediatas de compensación para los trabajadores que exigen sus “40 horas ya.”

Por otro lado, hay un punto que no debemos ignorar: se aprobó la disminución de la jornada, pero no se garantiza que los trabajadores tengan dos días de descanso. Al no expresarse así en la iniciativa aprobada (pese a que se discutió este punto en ambas Cámaras) queda una laguna para el momento de aplicarse, pues los empleadores pueden decidir distribuir las horas de trabajo en más días; es aquí donde no podemos festejar un triunfo, porque no se asegura el descanso que tanto se presume.

Gran parte del sector obrero se desplaza a sus centros de trabajo en transporte público y solo en el traslado pueden pasar hasta 4 horas diarias, superando las dos horas y media promedio por viaje. Al no aclararse la distribución de los días en los que se deben cumplir las 40 horas totales, sigue viéndose afectada gran parte de la población, que puede verse obligada a laborar también los fines de semana, lo que reduce su tiempo de esparcimiento, familiar o simplemente de descanso.

A su vez, esta reforma tampoco beneficia a quienes laboran en la informalidad, pues no hay manera de registrar las horas de trabajo como se establece en el Decreto.

Si al presentar una reforma que busca mejorar la calidad de vida y el equilibrio trabajo-vida de los trabajadores mexicanos no tomamos en cuenta estas situaciones cotidianas, entonces no se está haciendo lo suficiente por ellos. Pese a que se llevaron a cabo más de 40 foros en diversas entidades, que reunieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes del sector privado, sindicatos, académicos y organismos internacionales y nacionales, no queda evidenciado que se hayan considerado todos los puntos importantes que afectan a las y los trabajadores de México.

El reclamo de contar con dos días de descanso aún persiste. Si lo que se busca es reivindicar a la clase trabajadora y saldar una deuda histórica, hay que ir más allá y garantizar cambios reales en la dinámica cotidiana de las y los trabajadores: regular la distribución de la semana laboral para proteger los fines de semana, asegurar el registro efectivo de las jornadas (incluida la informalidad) y promover medidas de movilidad y vivienda que reduzcan los tiempos de traslado, para así construir una política laboral efectiva y lograr una sociedad más satisfecha que pueda realmente disfrutar su tiempo y no solo el tiempo que le sobra.

 

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