En estos momentos la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo uno de los temas más importantes para la vida pública nacional: el paquete económico. Éste, define —en su mayoría— las finanzas públicas de la federación, estados y municipios; pero no solo eso, sino también la forma en que el estado habrá de hacerse de recursos para cumplir con sus obligaciones, esto incluye —por supuesto— el cobro de impuestos y derechos. Sin duda, todos ellos temas importantes que esperamos nuestros representantes debatan profundamente. Por ello me es relevante que hablemos de la mala conducción que hace el presidente de la Cámara de los Diputados.
La madrugada del 20 de octubre, en el marco de la discusión del paquete económico, legisladores de todos los partidos, principalmente del PAN y MORENA se enfrascaron hasta los golpes en el espacio designado para dirigirse a la nación: la tribuna. En el máximo espacio de representación popular un grupo de legisladores intercambiaron golpes e insultos a los pies de una presidencia de la mesa directiva errática y despistada que ante las agresiones solo supo agitar la campana y declarar un receso. Pero, ¿cuál fue el motivo de semejante encono legislativo? Pues amigas y amigos, todo tiene un contexto y un responsable principal.
La pandemia, como ajonjolí de todos los moles, se ha colado también en la vida legislativa y ha repercutido en la forma en que se debaten los asuntos al interior del Congreso, pues con el objetivo de evitar contagios dentro del parlamento, se redujo el aforo de legisladoras y legisladores y se crearon sesiones semipresenciales para que, de esta manera, se resguardaran los derechos de las y los legisladores de participar en el debate, pero al mismo tiempo se cuidaran las medidas de protección ante la COVID-19. Todo esto se realizaba fundamentado en un Reglamento de reciente creación al que los legisladores se refieren como reglamentillo, pero que en realidad se denomina REGLAMENTO que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura.
En el reglamento se establece que 24 horas antes de las sesiones, los grupos parlamentarios deben informar qué legisladores están acreditados para asistir a las sesiones presenciales y cuales lo harán de forma remota. Sin embargo, no se establece como proceder tratándose de votaciones económicas, esas que se realizan a mano alzada, ya que no dispone de un mecanismo justo para que solo voten las y los legisladores acreditados; o en su defecto, puedan votar también las y los que se encuentra vía remota, por lo que para cubrir esa laguna legal, los legisladores adoptaron la práctica parlamentaria de acordar previo a la sesión, cuántos legisladores asistirían presencialmente cuidando que estuvieran representados de forma proporcional y evitando de esta manera una sobrepresentación o subrepresentación en los debates.
Bien pues, en esta importante sesión del 20 de octubre no se realizó dicho acuerdo y los grupos parlamentarios al interior del Congreso quedaron representados de forma irregular, lo que ocasionó votaciones económicas dudosas, pues no se tenía certeza del número de legisladores de cada partido participando presencialmente. Ahora te preguntarás, ¿esto tenía solución? Sí, dos bien sencillas, una, declarar un receso y solicitar a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios que señalen a las y los legisladores acreditados que participarán en la sesión, a efectos de reducir el aforo y volverlo proporcionalmente representativo o dos, llevar a votación nominal (la que aparece en el tablero electrónico) las votaciones sobre la que los legisladores tienen dudas, haciendo válidos solo los votos de los legisladores acreditado. La realidad es que eran trámites sencillos para relajar el ambiente acalorado de la discusión y centrar el debate en el tema realmente importante: el paquete económico.
Sin embargo, la presidencia errática de la mesa directiva de la Cámara de Diputados optó por continuar la sesión de forma irregular y no concederles a los legisladores la oportunidad de transparentar y certificar las votaciones, con lo que se calentaron los ánimos y los partidarios de una u otra postura empezaron a intercambiar sendos insultos en el debate. Al final, resultó en el episodio que mediáticamente vimos, legisladores peleando e intercambiando golpes y empujones.
La responsabilidad mayor de esto recae en la presidencia de la mesa directiva, pues ellos son los encargados de conducir las sesiones, en ellos recae la importante responsabilidad de lograr debates productivos y eficaces, ellos son la válvula de presión en el debate político, una buena o mala presidencia de la mesa directiva, define, en gran medida, la calidad de las leyes y la eficiencia legislativa. La persona que ostenta el encargo de presidente de la mesa directiva, tiene la responsabilidad de mantenerse objetivo e imparcial en el desempeño de su labor, pues si bien representa a su Grupo Parlamentario, en dicho papel representa la unidad del Congreso y debe velar por todos sus miembros.
Cuando un presidente de la Cámara de Diputados actúa de forma parcial y partidista, no genera acuerdos, no escucha, no concede y no corrige, lo que invariablemente ocasionará que los debates sean más ásperos, largos y poco democráticos. El presidente es la válvula de presión en los debates, él puede controlar los ánimos de la máxima tribuna, si él no lo hace, ¿quién.
Lo que esa noche vimos no fue a un político, vimos a un subordinado de la Presidencia de la República, eficaz en tramitar leyes, pero ineficaz en hacerlas por la vía democrática. Sin duda, leyes que no durarán una administración sin que sean reformadas o abrigadas, porque carecieron de consenso democráticos y visiones plurales.
Aldo Jurado es licenciado en derecho, especialista en derecho constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestrante en derecho constitucional por la Escuela Libre de Derecho. Su experiencia profesional se desenvuelve en el servicio público y en el ámbito parlamentario; actualmente se desempeña como asesor legislativo.
En los primeros días de junio de 2024, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, habrán calificado la elección y le entregarán la constancia de mayoría a otra mujer que será la presidenta de la República a partir de octubre.
Setenta años después de que se otorgara a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, y tan solo seis años después del gran paso en la igualdad que fue la ley Paridad en Todo, tendremos una foto cargada de simbolismo donde, por primera vez, las mujeres no serán la minoría que se coló en el poder.
Sin embargo, no estamos aquí solo por la foto. Hay muchas batallas que se han librado para que hoy tengamos estos espacios de poder y hay que seguir luchando para poder ejercerlo con libertad. Existe mucho ruido alrededor de la violencia política en razón de género, pero los árbitros electorales han tenido pocos “dientes” para sancionarla. Aunque existe un registro de personas sancionadas por este tipo de violencia en el cual hay 335 nombres, fuera de la exposición pública, falta mucho para dar justicia a las víctimas.
Por otro lado, ha habido casos como el de la periodista y académica Denise Dresser, quien fue acusada por la diputada Andrea Chávez de violencia política. Aunque el Tribunal revocó la multa y la sanción de Dresser argumentando que ejercía su libertad de expresión, queda la duda sobre qué es y qué no es un acto de violencia. Hay críticas hacia las candidatas, no solo las presidenciales, sino en todos los puestos de elección popular, que dejan a un lado las propuestas y visión de país y se enfocan en la violencia simbólica y estética. Una sociedad que normaliza esta violencia (viniendo de hombres o de mujeres) difícilmente podrá observarla y menos, sancionarla. Esto, al final, no le beneficia en nada a la democracia.
Debemos tener tolerancia cero a la violencia, venga de quien venga, y no permitir el acceso al poder de personas violentadoras. En diciembre de 2023, el INE aprobó la Ley 8 de 8 contra la violencia, que expande la 3 de 3 y que podrá retirar candidaturas a las personas que incurran en cualquiera de estos ocho supuestos de violencia:
Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;
2. Contra la libertad y seguridad sexuales;
3. Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual;
4. Violencia familiar;
5. Violencia doméstica;
6. Violación a la intimidad sexual;
7. Violencia política, y
8. Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Avanzar en la sanción efectiva a la violencia también es una tarea pendiente. Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y no vamos a acostumbrarnos a la violencia. Por ello, el TEPJF adelantó que ya está trabajando en la creación de una Defensoría para las Mujeres para juzgar y calificar las elecciones con perspectiva de género y coadyuvar a erradicar esta violencia que es su mayor obstáculo para el acceso y el ejercicio del poder.
La violencia, como lo vimos en la marcha del 8 de marzo, nos sigue atravesando a todas las mujeres sin importar el origen, preferencia política, orientación sexual o etnicidad. Nuestra lucha es erradicarla en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la política.
A propósito de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en lo que va del sexenio se han registrado un total de 18 674 mujeres víctimas de muertes violentas; 13 853 muertes fueron catalogadas como homicidios dolosos y 4688 como feminicidio (4821 presuntas víctimas de feminicidio).
Los estados con mayor reporte de violencia son el Estado de México, Chihuahua y la Ciudad de México. Según sus datos, la Ciudad de México es la entidad donde más se llama a equipos de emergencia relacionados con violencia contra las mujeres a pesar de no tener ninguna Alerta de Violencia de Género, a diferencia del Estado de México que cuenta con 11 Alertas desde 2015 y 7 con doble alerta desde 2019, con 4333 llamadas.
A nivel nacional se reportan, a enero de 2024, 24 238 llamadas relacionadas por violencia contra las mujeres, 482 llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual; 1454 por violación, 19 387 de violencia de pareja y 44 183 por violencia familiar.
Conforme a los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 34.1 millones (70.1%) han experimentado a lo largo de la vida, al menos una situación de violencia física, psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.
Estos hallazgos históricos demuestran varios fenómenos, uno de ellos es que aún existe muchísimo trabajo institucional e integral por hacer para acompañar a las mujeres víctimas de delitos en su contra y que si bien, las leyes han ido alcanzado los diferentes tipos de violencia que enfrentamos y han dotado de herramientas jurídicas a las mujeres, deben de ir acompañados de otros procesos.
En materia de prevención este esfuerzo es importantísimo en términos de habilitar más esfuerzos de comunicación y familiarización para que las mujeres sepan con qué herramientas cuentan. En el caso de la Ciudad de México, Las Lunas son unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres, son espacios informativos y de canalización muy eficientes; sin embargo, son poco conocidos. Así mismo la línea violeta y la línea SOS mujeres (*765) o los puntos violetas, necesitan mayor difusión.
Además de ello, sigue existiendo una deuda en materia de abordaje institucional, ya que la perspectiva de género ––como lo vimos hace una semana con la sentencia dictada por el juez en el caso de la niña de 4 años–– se sigue dejando en el cajón del escritorio, donde aún pesa mucho más la revictimización; esa revictimización hace que miles de mujeres víctimas de violencia en su contra no denuncien, esa revictimización que urge a las instituciones capacitación y un presupuesto transversal.
La de 2024 será una elección atípica en varios sentidos. De acuerdo con el documento “Panorama Político Electoral 2024”[1] publicado este lunes por la consultora de asuntos públicos EPLOC, estarán en juego 629 cargos de nivel federal y 19,738 cargos a nivel local, un total de 20,367 cargos. En Guanajuato y Morelos, todas las candidatas a la gubernatura son mujeres, y en el resto de los estados de la República, salvo Puebla, hay una o dos mujeres candidatas que se encuentran a la cabeza en las encuestas.
Además, por segunda ocasión, se llevaran a cabo elecciones consecutivas para presidencias municipales así como a los cargos legislativos a nivel federal y local, Los titulares de dichos cargos tendran la oportunidad de postularse nuevamente por el mismo partido y en el mismo distrito donde originalmente contendieron, que ante tanto chapulineo, será difícil que se cumpla. Se espera también el voto de los casi 620 mil residentes mexicanos en el extranjero, las personas en prisión preventiva y aquellas que se encuentran en estado de postración.
Pese a todas estas novedades, hay dos temas que siguen dominando la agenda en todas las entidades, tanto a nivel nacional, como local y estatal: seguridad y economía. Estos dos grandes temas paragüas engloban las preocupaciones de la ciudadanía, que exigirá cada vez más fuerte una respuesta y tendran que ser abordados por todas las candidaturas.
En lo que respecta al panorama económico, tenemos estabilidad y un crecimiento moderado, pero con altos niveles de inflación, la cual sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la gente. La recuperación post-pandemia de COVID-19 ha dejado grandes estragos, incluyendo pérdidas humanas, rezagos en el sector salud y una economía que aún batalla para recuperarse.
Por el lado de la seguridad, el clamor ciudadano es más fuerte. Estamos a punto de cumplir 18 años del inicio de la guerra contra el narco y la militarización no ha logrado resolver los graves problemas de la inseguridad, el crimen organizado y el altísimo nivel de homicidios dolosos. Ya no es cuestión de lucha de poder entre bandas o de fuego cruzado con daños colaterales, sino también del peligro que enfrentan las personas candidatas a puestos de elección popular.
De acuerdo con el estudio de Data Cívica, “Votar entre balas”[2], entre 2018 y febrero de 2024 se han registrado en México 1,657 ataques violentos a personas vinculadas al ámbito político, incluidos candidatos, funcionarios, familiares, y equipos de campaña, principalmente a nivel local.
Este año se espera que finalmente se materialicen los avances derivados de varias reformas en nuestro sistema democrático, pero también sea probablemente, el año más violento para hacer política. Aprovechemos esta oportunidad para votar por y para un país en el que podamos vivir en paz y prosperidad, para todos.