La Ley 3 de 3 contra la violencia y los deudores alimentarios.

El 28 de abril pasado fue aprobada por el Senado la Ley 3 de 3 contra la violencia que consiste en hacer obligatorios tres requisitos para todo aquel que quiera ocupar un cargo público en México: no tener una sentencia definitiva por violencia sexual, violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.) y no ser deudor alimentario moroso.

Esta iniciativa que surge de la sociedad civil fue turnada al Congreso Local de la Ciudad de México la semana pasada en donde fue aprobada la minuta constitucional. Hasta el momento 9 congresos locales la han aprobado, pero al ser una reforma constitucional a los artículos 38 y 102, se requiere la aprobación de 17 congresos locales para hacerla efectiva antes de las elecciones de 2024.

Además de esto, hace unos días entró en vigor el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, cuyo objetivo es concentrar información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con datos del INEGI, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con su obligación alimenticia en nuestro país, por lo que con el registro, los tribunales deben proporcionarle al DIF la información de las personas que tengan que pagar una pensión alimenticia, pero además se establece la obligación de presentar un certificado de inscripción en el registro para realizar trámites como la licencia de conducir, pasaporte, solicitud de matrimonio, operaciones de compraventa inmobiliaria, además de participar como candidato a elección popular o en la administración pública.

En un país en donde el 2022 fue el año más violento contra las mujeres en violencia familiar -con 741 mujeres lesionadas diariamente, lo que representó un incremento de 16, 568 más mujeres que en 2021, de acuerdo con datos del SESNSP-, la Ley 3 de 3 es una fuerte iniciativa y una gran respuesta hacia la deuda histórica que existe con las mujeres que han sido violentadas y es urgente hacer un llamado a aquellos congresos locales que aún no la han aprobado y de justicia restaurativa para las infancias y adolescencias que han sido vulneradas en sus derechos.

La urgencia de atajar todas las aristas de la violencia que enfrentan las mujeres en una sociedad en la que, pese a los esfuerzos por erradicarla, está presente en todas sus formas es ya imperante. Existen un brazo constitucional que cada día articula más medidas contra las violencias que aquejan a las mujeres y ese es el gran primer paso, pero es también necesario acompañarlas de debidos procesos y una constante capacitación que permita llevarlas a una correcta ejecución.