La inclusión sólo puede suceder con ayuda del Estado

El trabajo infantil no debería existir. Decir esto, creerlo, defenderlo, debería bastar para guiar cualquier política pública en una sociedad que aspire a ser humana, civilizada y justa. Y, sin embargo, en pleno 2025, más de 3.7 millones de niños en México realizan alguna actividad económica, muchas veces en condiciones de riesgo, explotación o precariedad. Lo dice el INEGI. Lo vemos todos los días en nuestras calles. Lo sabemos, pero no actuamos con la vehemencia que se requiere, ni como sociedad, ni como Estado.

Durante años, hemos hablado de la pobreza como causa del trabajo infantil. Y es cierto: miles de familias se ven orilladas a que sus hijos trabajen para completar el gasto. Pero hay otros ángulos que hemos dejado de ver y que son necesarios para solucionar este problema. Mientras no haya un sistema de cuidados robusto, ni las cuidadoras podrán trabajar para mejorar sus condiciones de vida, ni los niños podrán estar cuidados mientras eso pasa. Esta es una deuda histórica que nos está costando generaciones enteras.

Tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal dijeron, desde hace casi un año, que el sistema de cuidados sería una prioridad. Desde las oposiciones, mostramos disposición para trabajar en esta agenda. Presentamos iniciativas y estamos listos para dar atención plena a la construcción de un sistema de cuidados que resuelva muchos de nuestros dolores e inequidades sociales.

Porque cuando el Estado no cuida, excluye. Cuando no construye las condiciones para que los niños sean atendidos, protegidos y acompañados, lo que está haciendo es abrir la puerta al abandono, al trabajo forzado y a la explotación.

Es muy importante que le demos la dimensión humana que tiene. No se trata de cifras. Se trata de niños cuyo futuro está determinado por las condiciones familiares y sociales en las que nacen. Una injusticia que el Estado tiene que poder revertir.

Por eso, no basta con recordar lo que ya sabemos: que está prohibido, que está mal, y que lastima a la sociedad. Hay que decir con toda claridad que el trabajo infantil persiste porque el Estado ha sido omiso en sus obligaciones.

Necesitamos invertir en infraestructura de cuidado: más CENDIs, más escuelas de jornada completa, más apoyos económicos para madres y padres trabajadores, más esquemas de corresponsabilidad entre familias, comunidad y Estado. La protección de los niños no puede ser voluntarista, tiene que estar garantizada.

Necesitamos también cambiar la conversación: no basta con evitar que trabajen. Los niños deben crecer sabiendo que son valiosos, que su voz cuenta, que su desarrollo es parte del proyecto de país. Y eso sólo lo lograremos si los ponemos al centro de nuestras decisiones presupuestales, legislativas y narrativas.

Cada niño merece vivir su infancia sin miedo, sin carga, sin obligaciones que no le corresponden. La alternativa es el abandono institucional disfrazado de resignación.