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La farsa de consultar lo que ya decidieron

La participación ciudadana no puede reducirse a foros para validar decisiones ya tomadas. Si las COPACO pierden facultades y capacidad de incidencia, la representación vecinal desaparece en los hechos, aunque conserve su nombre.

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Alcaldía Xochimilco no ha cumplido lo acordado con el Comité Pro Panteón –  La Crónica de Hoy

La participación ciudadana debería ser una de las columnas de cualquier democracia local. En una ciudad tan grande, tan desigual y tan compleja como la Ciudad de México, los vecinos necesitan canales reales para organizarse, exigir, vigilar y decidir sobre lo que ocurre en sus colonias. No basta con votar cada tres años. La vida comunitaria se defiende todos los días, en cada calle, en cada unidad habitacional, en cada parque, en cada obra pública y en cada decisión que afecta directamente a quienes habitan esta ciudad.

Por eso preocupa lo que Morena pretende hacer con las Comisiones de Participación Comunitaria, conocidas como COPACO. El discurso oficial dice que no van a desaparecer. Que solo buscan fortalecer la participación. Que los foros son espacios abiertos para escuchar a la ciudadanía. Pero una cosa es lo que dicen en el micrófono y otra muy distinta lo que escriben en los documentos.

Y en los documentos aparece la ruta de fondo: sustituir representación vecinal electa por figuras más ambiguas, más controlables y con menor capacidad de seguimiento. Podrán decir que las COPACO seguirán existiendo, pero si les quitan funciones, si les reducen peso institucional, si las reemplazan por asambleas sin responsables permanentes, entonces las están desapareciendo en los hechos.

No hace falta borrar una institución de la ley para destruirla. Basta con vaciarla por dentro.

Las COPACO no son perfectas. Nadie serio puede decir que no necesitan mejoras. Hay que fortalecerlas, darles mejores herramientas, capacitación, acceso a información, mecanismos de seguimiento y más capacidad de incidencia sobre el presupuesto participativo y los servicios públicos. Pero una cosa es mejorar una institución ciudadana y otra muy distinta es sustituirla porque incomoda al poder.

Esa es la parte que Morena no quiere admitir. Las COPACO incomodan porque representan vecinos con nombre, voto y responsabilidad. Son electas en cada unidad territorial. Tienen duración definida. Sus integrantes pueden ser identificados por la comunidad. Pueden preguntar, presionar, documentar, exigir y dar seguimiento. Una asamblea abierta puede servir para deliberar, pero no sustituye una representación permanente.

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Presentar las asambleas vecinales como alternativa a las COPACO es una trampa. Las asambleas ya existen dentro del sistema de participación ciudadana. No son el problema. El problema es usarlas como pretexto para debilitar a los órganos vecinales electos. La participación ciudadana necesita reuniones, sí, pero también necesita seguimiento. Necesita voz, pero también responsables. Necesita debate, pero también consecuencias.

Los foros que hoy presume Morena nacen manchados por esa contradicción. No llegaron antes del diseño. Llegaron después del reclamo. Primero pusieron sobre la mesa un modelo que sustituye a las COPACO y luego salieron a decir que querían escuchar. Eso no es participación ciudadana. Eso es control de daños.

Cuando la autoridad convoca a escuchar después de haber escrito la ruta, no está consultando: está buscando coartada.

Además, hay un detalle que vuelve todo más grave. Hace muy poco se eligieron nuevas COPACO. Miles de vecinos participaron, se registraron, hicieron campaña comunitaria, votaron y asumieron una responsabilidad honorífica para representar a sus colonias. ¿Y qué mensaje les manda ahora el gobierno? Que su representación puede ser rediseñada desde arriba. Que su voz sirve mientras no estorbe. Que la participación se respeta siempre y cuando no cuestione la voluntad del poder.

Eso no fortalece la democracia vecinal. La reduce.

Morena suele hablar de pueblo, participación y comunidad, pero cada vez que aparece una forma de organización ciudadana que no controla, busca domesticarla. El problema no son las COPACO. El problema es que hay vecinos que no piden permiso para opinar. Vecinos que conocen sus calles mejor que cualquier escritorio de gobierno. Vecinos que saben dónde falta agua, dónde hay baches, dónde una obra quedó mal, dónde el presupuesto participativo no se ejecutó y dónde la autoridad simplemente no aparece.

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Una ciudad democrática no debe tenerle miedo a esos vecinos. Debe escucharlos.

Si de verdad quisieran fortalecer a las COPACO, la discusión sería otra. Estaríamos hablando de darles más facultades para vigilar obras, exigir información, revisar avances de presupuesto participativo, evaluar servicios públicos y tener interlocución efectiva con alcaldías y gobierno central. Estaríamos hablando de formación técnica, transparencia, reglas contra el uso político y mecanismos para evitar que cualquier partido se apropie de ellas.

Pero cuando el debate se mueve hacia sustituirlas por figuras difusas, el mensaje es otro. El mensaje es que la representación vecinal les estorba.

Por eso hay que decirlo sin rodeos: Morena va por las COPACO. Tal vez no lo hagan con una frase explícita que diga “se eliminan”. Tal vez intenten envolverlo en palabras como modernización, fortalecimiento o nuevo modelo de participación. Pero si el resultado es que las COPACO pierden funciones, peso y capacidad de incidencia, entonces el nombre puede quedarse y la institución desaparecer.

La participación ciudadana no puede ser una ceremonia para validar decisiones ya tomadas. Tampoco puede depender de la simpatía que tenga el gobierno hacia quienes participan. Participar no es sentarse en un foro a escuchar lo que la autoridad ya decidió. Participar es tener capacidad real de incidir, corregir, vigilar y exigir.

La Ciudad de México necesita más vecinos organizados, no menos. Necesita más contrapesos comunitarios, no estructuras manejadas desde el gobierno central. Necesita instituciones de participación que funcionen mejor, no que sean debilitadas hasta volverse irrelevantes.

Las COPACO pueden y deben mejorar. Pero mejorarlas implica darles dientes, no quitarles el piso.

Porque cuando un gobierno empieza a decidir qué voces vecinales sirven y cuáles estorban, la participación deja de ser un derecho y se convierte en permiso.

Y la voz de los vecinos no se pide prestada.

Se respeta.

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Perdón por amar

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El poder, el placer y el precio de creerse intocable.

Dicen que el amor es ciego. Lo que nadie nos advirtió es que también podía salir bastante caro. Y no precisamente por las flores, las cenas o los viajes a París.

Hay quienes por amor pierden la cabeza. Otros, el puesto, la reputación y hasta imperios enteros.

Porque una cosa es tener mariposas en el estómago y otra muy distinta es dejar que esas mariposas administren contratos públicos o comprometan información estratégica.

Pero bueno, perdón por amar.

En las últimas semanas, estos nombres han protagonizado escándalos dignos de una serie política: Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia.

Al primero se le atribuye una relación sentimental con una empresaria señalada por presuntos vínculos con la inteligencia china. Las acusaciones han puesto sobre la mesa una preocupación que va mucho más allá de la fidelidad matrimonial: la seguridad de una de las empresas más importantes del mundo tecnológico.

Y mientras el escándalo crecía, también llegaron las cifras rojas. Según datos, las acciones de NVIDIA cayeron 5.53% el 10 de noviembre, cerrando en 168.80 dólares y acumulando un retroceso superior al 10% en dos días.

Porque una cosa es que te rompan el corazón y otra muy distinta es que Wall Street también te pase la factura.

Tanta inteligencia artificial y tan poca inteligencia emocional.

En Colombia, las denuncias contra Gustavo Petro apuntan a algo todavía más delicado: un presunto intercambio de contratos públicos por favores sexuales.

Y aquí la historia deja de tener gracia.

Porque cuando una posición de poder se utiliza para condicionar oportunidades laborales a encuentros íntimos, ya no hablamos de romances, infidelidades ni aventuras de alcoba. Hablamos de abuso de poder, de posibles actos de corrupción y de una estructura que puede colocar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La vida sexual de un gobernante no debería ser asunto de Estado. Pero utilizar el Estado para satisfacer sus intereses sexuales, definitivamente sí.

Y como en México nunca nos gusta quedarnos fuera del escándalo, Guadalupe Taddei también entra en esta conversación.

La entonces presidenta del INE presentó su renuncia el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre contratos millonarios y presuntos conflictos de interés. A ello se suman versiones sobre una relación sentimental con uno de los proveedores beneficiados.

Porque una cosa es encontrar el amor en el trabajo y otra muy distinta es que el romance termine pasando la factura al erario.

Al corazón se le perdonan muchas cosas. Al presupuesto público, ninguna.

Aunque, para ser justos, no todos los escándalos necesitan investigaciones internacionales para convertirse en una pesadilla.

En 2025, Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, y Kristin Cabot, responsable de Recursos Humanos, fueron captados abrazados durante un concierto de Coldplay.

Una cámara, dieciséis segundos y una broma de Chris Martin bastaron para desatar una crisis corporativa que terminó con la salida de ambos ejecutivos.

Ni el mejor manual de comunicación de crisis estaba preparado para semejante kiss cam.

Pero sería un error pensar que el problema son las relaciones sentimentales. El verdadero asunto es lo que sucede cuando el poder comienza a confundirse con la impunidad.

Porque hay algo curioso en quienes se acostumbran a mandar: después de tantos privilegios, adulaciones y personas dispuestas a decirles que sí, algunos terminan creyendo que hasta las consecuencias son negociables.

Y no. Ni el dinero compra discreción eterna, ni un cargo público concede inmunidad sentimental.

No necesitamos políticos santos ni empresarios ejemplares en sus matrimonios. Necesitamos personas capaces de distinguir entre sus deseos y sus responsabilidades.

La vida íntima pertenece a cada individuo. Pero cuando aparecen posibles abusos de autoridad, conflictos de interés o riesgos para la seguridad pública, el asunto deja de ser exclusivamente privado.

El sexo no derrumba imperios. La soberbia de quienes se creen intocables, sí.

Y si después de poner en riesgo una institución, una empresa o su propia reputación alguien todavía pretende justificarlo todo en nombre del amor…

Pues qué bonito.

Perdón por amar. Pero tampoco se pasen de enamorados.

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El presupuesto también habla de nuestras prioridades

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Cada año los gobiernos deciden en qué van a gastar, cuánto y para quiénes. Y aunque suele parecer un tema lejano, el presupuesto público marca la vida diaria de millones de personas.

En noviembre, la discusión presupuestal cobra especial relevancia: después del debate federal, la Ciudad de México se prepara para definir sus propios recursos. Hablar del presupuesto no es hablar de números fríos. Es hablar de prioridades, de las necesidades que se atienden y de aquellas que todavía esperan.

En educación, por ejemplo, la diferencia entre invertir o no invertir se nota en los baños, en los techos, en la seguridad y en la posibilidad de que una niña o un niño aprenda en condicionesdignas.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2025 del programa La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela, en la Ciudad de México, el 66% de los planteles evaluados identificó como una prioridad muy alta mejorar sus condiciones generales de funcionamiento. Este dato nos recuerda que las necesidades de nuestras escuelas no son una percepción aislada, sino una realidad documentada. Y cuando llega el momento de distribuir los recursos públicos, atenderlas debería ser una prioridad.

Hace poco escribí sobre cómo las comunidades escolares recuperan sus espacios con esfuerzo y cariño. Hoy quiero hablar de lo que no debe depender solo de ellas: que el Estado asuma su responsabilidad con recursos suficientes y bien administrados.

En ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México, habla de ello a través de  la Diputada Laura Álvarez Soto quien ha planteado destinar al menos el 2% del presupuesto anual de la Ciudad de México al mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas. Es una propuesta que invita a discutir cómo dar continuidad a la inversión en infraestructura educativa, más allá de las reparaciones urgentes.

Asignar dinero es una gran paso y en consecuencia también nos debe importar saber a quéescuelas llega, con qué criterios se distribuye y qué resultados produce. La transparencia debe permitir que las familias conozcan qué se hizo, cuánto costó y qué necesidades siguen pendientes.

Las prioridades de un gobierno no se conocen únicamente por sus palabras, sino por las decisiones que toma al distribuir sus recursos, por la transparencia con la que los ejerce y, sobre todo, por los resultados que se ven.

La educación no puede esperar a que sobren recursos. Cuando hablamos del presupuesto, hablamos también del país que estamos dispuestos a construir y de las oportunidades que estamos dejando pasar.

Por eso, en cada discusión presupuestal hay una responsabilidad que no se puede delegar: que quienes legislan pongan a las niñas, niños y jóvenes en el centro de sus decisiones, no solo en los discursos.

Una escuela digna no es un lujo, es el punto de partida

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Antes de multiplicar, aprende los números

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A finales de octubre estuve en el Senado de la República durante la instalación del Observatorio de Economía Circular, impulsado por un senador de Movimiento Ciudadano. La sala reunía a un elenco poco común: grandes empresas, organizaciones que acompañan a pequeños negocios, representantes de varios estados y la academia, con instituciones como el Tecnológico de Monterrey. Salí con una certeza y una inquietud. La certeza: en México no faltan capacidades, herramientas ni ganas de hacer cosas verdaderamente innovadoras. La inquietud: vi asomarse los mismos huecos que acompañan a tantos proyectos en este país.

Desde enero está vigente la Ley General de Economía Circular, que obliga a los estados a armonizar sus propias leyes, y hay incluso una página web, muy bien hecha, donde puede verse qué entidades ya se han sumado. El discurso es atractivo: dejar de ver la basura como desecho y empezar a verla como un recurso que puede valorizarse. Difícil estar en contra.

El problema aparece cuando la idea baja del estrado al territorio. Los proyectos en México rara vez se tropicalizan. No genera los mismos residuos Nuevo León, con su vocación industrial, que Chiapas, con su economía rural y comunitaria; tampoco tienen sus municipios los mismos presupuestos ni capacidades técnicas para procesarlos. Una ley general puede marcar el rumbo, pero aplicada con la misma plantilla en todo el país corre el riesgo de quedarse en el papel.

Durante el evento, un académico propuso dar apoyos a los productores agrícolas para que sus desechos se transformaran en activos. La intención es buena. Pero me quedé pensando si esa persona ha caminado por las comunidades donde se cultiva lo que comemos. En muchas zonas del campo mexicano, quien siembra no es quien gana: entre la huerta y el mercado hay intermediarios, y no siempre legales. En Michoacán, los limoneros llevan años denunciando el cobro de cuotas por cada kilo de fruta; en octubre de 2025 fue asesinado Bernardo Bravo, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, que había alzado la voz contra esas extorsiones. Productores de sorgo y maíz en Tamaulipas describen una sombra parecida. En regiones así, el crimen organizado no es ajeno a la economía local: muchas veces es quien la administra.

Entonces, ¿a quién le llegaría ese apoyo? Si el campesino ni siquiera controla el precio de su cosecha, ¿qué le garantiza que controlará el valor de sus desechos? Un negocio nuevo en un territorio capturado puede terminar siendo, simplemente, una cuota nueva.

Ahí está la incongruencia que quiero señalar. No dudo de la buena voluntad de quienes tienen el privilegio de discutir estos temas en el Senado o en la Cámara de Diputados. Lo que veo es una distancia entre las propuestas bien intencionadas y las realidades que pretenden transformar. Y la he visto antes, en otros intentos que terminan volviéndose amorfos porque faltó investigación de campo o porque el diagnóstico se hizo desde el escritorio.

Pienso en el método Kumon, con el que muchos niños aprenden matemáticas: nadie empieza por dividir. Primero dominas los números, luego sumas, y sólo con la base firme avanzas. Con la economía circular pasa algo parecido. Antes de diseñar incentivos sofisticados hay que conocer los números básicos: cuántos residuos genera cada región, de qué tipo, quién los produce, quién decide sobre ellos y en qué condiciones de seguridad vive esa gente.

El Observatorio puede ser justamente esa herramienta, siempre que mire hacia abajo y no sólo hacia los lados: que vaya a las comunidades, escuche a productores, recolectores y autoridades locales, y mida la realidad antes de pretender cambiarla. Celebro que exista. Ahora le toca demostrar que sabe contar.

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