¿Justicia para el proyecto o proyecto para la justicia?

México estrenó algo que suena a avance democrático: por primera vez, elegimos por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La idea, en papel, es brillante: acercar la justicia al pueblo, descentralizar el Poder Judicial, romper con la vieja cúpula intocable de togas y solemnidad que nadie eligió.

Pero en la práctica, lo que vivimos se pareció más a una campaña electoral mal disimulada, donde la independencia judicial quedó fuera de la boleta.

Porque para llegar a la nueva Corte, no bastaba con la trayectoria jurídica. Bastaba con tener los reflectores correctos, las alianzas adecuadas y el respaldo del proyecto.
Y sí: ser ministra del oficialismo trae beneficios muy concretos. No importa si tu tesis está en entredicho, si tus opiniones parecen más eslóganes que argumentos jurídicos, o si tu carrera ha transitado más por lo político que por lo judicial.
Si representas “la transformación”, te alcanza. Y de sobra.

A nadie debería sorprender que cinco de los nueve nuevos ministros estén alineados con Morena.
Lo preocupante es la narrativa que intenta maquillar ese control institucional como si fuera un triunfo ciudadano.
Como si votar fuera sinónimo automático de legitimidad, aunque la competencia haya sido desigual, los perfiles poco debatidos, y la participación, opacada por un proceso confuso.

Lo que más ruido hace no es que el oficialismo haya ganado, sino el cinismo con el que se celebra haber capturado otro poder del Estado, mientras se grita independencia desde el atril, pero se aplaude obediencia en las urnas.

Y no se trata de estar en contra del cambio —porque claro que el Poder Judicial necesitaba transformación— sino de señalar que esto no es una reforma, es una reconfiguración de poder.
Una en la que el nuevo orden no equilibra, sino que acompaña.
Una en la que el mensaje es claro: no se busca una Corte crítica, se busca una Corte funcional al proyecto.

Sí, tenemos más mujeres. Y eso importa.
Pero importa más que esas mujeres tengan criterio, autonomía, y no solo buena relación con Palacio Nacional.
Porque una toga no debe servir para cubrir afinidades políticas ni para legitimar decisiones anticipadas.

Una justicia que responde al poder deja de ser justicia.
Y un país que convierte su Corte en extensión del gobierno, tarde o temprano paga el precio: menos debate, menos crítica y más decisiones disfrazadas de legalidad.

La historia sabrá leer qué se eligió este 1 de junio: ¿ministros del pueblo o ministros del poder?
Y mientras eso se acomoda, al menos ya sabemos las ventajas de ser ministra… del proyecto.