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#CDMX

Intercambia Mítikah sanciones por obras

En vez de pagar una multa de 40.8 mdp por cortar sin permiso 57 árboles en Calle Real de Mayorazgo por #Mítikah, Fibra Uno acordó con CDMX realizar obras de compensación y donar terreno

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Cuidad de México | 26 de abril de 2022. | Redacción.-

En vez de pagar una multa de 40.8 millones de pesos por cortar sin permiso 57 árboles en Calle Real de Mayorazgo por el complejo Mítikah, Fibra Uno acordó con el Gobierno de la CDMX realizar obras de compensación y donar terreno al espacio público.

Lilian Guigue, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), recordó que el Gobierno capitalino litigaba con la empresa un juicio de nulidad que habían interpuesto por la sanción.

Durante el proceso, un juez había dado la razón a la autoridad, después se la dio al particular, detalló la funcionaria.

Con esto, ambas partes acordaron que en lugar de que pagara los 40 millones 833 mil pesos, Fibra Uno deberá reconstruir el centro de salud del pueblo de Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez.

El acuerdo incluye que la compañía se haga cargo de la rehabilitación de áreas verdes y el ordenamiento urbano de la Avenida México Coyoacán, así como de la reconstrucción y mejoras urbanas de las calles de San Felipe y los andadores de San Felipe Xocotitla.

También, el particular donará mil 100 metros cuadrados adicionales de terreno al espacio público, que se sumarán a una donación reglamentaria de 10 mil 500 metros cuadrados.

“La negociación se da que se pague en obras, cuando teníamos el juicio en una y una, íbamos uno, uno. El juicio podría seguir ahorita, porque eso es varios años. Esos mil 100 metros adicionales, nada más, a como está el metro cuadrado ahorita en Xoco, es el doble de la sanción.

“¿A nosotros qué nos interesaba más que la sanción?, pues que el pueblo adquiriera estos beneficios y, evidentemente, los beneficios son mucho mayor a lo que determinaba la sanción”, declaró Guigue a REFORMA.

Actualmente, ya fue habilitado un andador peatonal y un deprimido vehicular a la altura de la Calle Real de Mayorazgo.

En recorridos, se constató que el deprimido sólo puede ser usado por automovilistas que buscan ir hacia Avenida Universidad. En el desnivel, aún hay trabajadores realizando labores.

Lilian Guigue detalló que para que entrara en funcionamiento el deprimido, autoridades realizaron estudios de riesgo en materia de protección civil o de movilidad, entre otros.

“Es un deprimido como existen muchos en la Ciudad y, la diferencia es que éste, en estos momentos todavía está dentro de la propiedad privada en lo que es Universidad 1200, porque estamos todavía en el trámite de la donación.

“Ya que acabemos toda la tramitología, que es un par de meses, pues ya todo eso va a ser parte del espacio público”, explicó

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Congelar los aumentos no garantiza vivienda accesible: la CDMX sigue expulsando a sus habitantes

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La Ciudad de México enfrenta una contradicción: mientras el Gobierno capitalino impulsa medidas para contener el encarecimiento de las rentas, miles de habitantes continúan enfrentando dificultades para permanecer en las colonias donde han construido su vida.

La propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, presentada por la administración de Clara Brugada en octubre de 2026, plantea que los aumentos anuales de alquiler no superen la inflación, además de establecer un registro digital de contratos y crear una defensoría para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

Sin embargo, limitar los incrementos no significa que las viviendas sean accesibles. El problema comienza desde el precio inicial de los contratos, que puede quedar fuera del alcance de familias con ingresos bajos y medios.

De acuerdo con datos publicados por El País en octubre, las rentas en la capital aumentaron 9.6% entre julio de 2025 y julio de 2026, según cifras de Inmuebles24. Esto refleja la presión que continúa ejerciendo el mercado inmobiliario sobre los hogares capitalinos.

La iniciativa también llega después de que la Suprema Corte validara, en febrero de 2026, el límite legal que impide aumentar las rentas por encima de la inflación anual. Es decir, la regulación ya existe, pero su aplicación y capacidad para contener el encarecimiento de la vivienda siguen siendo parte de la discusión.

Otro pendiente es la construcción de vivienda social y económica. Sin una oferta suficiente de inmuebles a precios realmente accesibles, las familias con menores ingresos seguirán compitiendo por espacios cada vez más costosos.

La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve limitar los aumentos de renta si una familia trabajadora ni siquiera puede pagar el precio de entrada a una vivienda?

La crisis habitacional no se resolverá únicamente con reglas para propietarios. También requiere inversión pública, alternativas de vivienda y políticas que permitan a los habitantes conservar su arraigo en la ciudad.

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Catean inmueble en Gustavo A. Madero por presunto robo de vehículos; hay un detenido

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro nacional de labores por tiempo indefinido en distintas entidades del país, en protesta contra el nuevo mecanismo de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los inconformes consideran que el esquema pone en riesgo su estabilidad laboral, sus derechos adquiridos y la permanencia en sus puestos, debido a que contempla evaluaciones para secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

Las movilizaciones incluyeron cierres de instalaciones, bloqueos viales y manifestaciones en distintas ciudades. Entre los puntos afectados se encuentran sedes judiciales de la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Quintana Roo.

Los trabajadores exigieron revisar los criterios de evaluación y establecer garantías para proteger su trayectoria dentro de la carrera judicial.

Por su parte, el OAJ aseguró que los primeros exámenes, programados para diciembre, tendrán carácter diagnóstico y no implicarán despidos ni pérdida de plazas.

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CDMX registra casi 11 despojos de viviendas al día; suman más de 41 mil en una década

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Ciudad de México. El despojo de viviendas y terrenos se ha convertido en un problema creciente en la capital del país, donde grupos delictivos utilizan amenazas, invasiones y falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de propiedades.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en reportes periodísticos, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 2 mil 961 casos de despojo en la Ciudad de México, lo que representa un promedio cercano a 11 denuncias diarias.

La dimensión del problema también se refleja en el acumulado de la última década, periodo en el que se han registrado más de 41 mil casos.

El incremento en el valor de los inmuebles ha convertido este delito en un negocio atractivo para organizaciones criminales, particularmente en zonas donde la demanda de vivienda ha provocado un encarecimiento considerable de las propiedades.

Entre las modalidades identificadas se encuentran la ocupación ilegal de viviendas deshabitadas, la falsificación de escrituras y el ingreso violento a inmuebles mediante amenazas contra sus propietarios.

También existen denuncias sobre una posible participación de funcionarios públicos y redes de complicidad que facilitarían las operaciones ilegales.

Para las víctimas, recuperar su patrimonio puede convertirse en un proceso largo y costoso, debido a los procedimientos judiciales y las dificultades para acreditar la propiedad y conseguir la restitución de los inmuebles.

El fenómeno representa un desafío para las autoridades capitalinas, que enfrentan la necesidad de fortalecer las investigaciones, combatir los fraudes inmobiliarios y garantizar la protección del patrimonio de las familias.

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