El 27 de marzo, un tribunal colegiado escribió algo que cualquier vecina de Anzures sabe desde la inundación de 2017: en esta ciudad, cubrir suelo permeable con concreto no es un detalle de obra, es un daño. Con ese argumento suspendió la Fase III de Be Grand Alto Polanco, en Lago Alberto 300: dos torres más, 1,084 departamentos y ocho sótanos sobre un conjunto que ya tiene cuatro. Y lo hizo con un principio que debería estar colgado en cada oficina de gobierno: in dubio pro natura. Ante la duda, la naturaleza.
Cinco meses y medio después, el mismo tribunal y el mismo ponente resolvieron el fondo del caso. La duda cambió de bando.
Vale la pena ver lo que pasó en medio. En mayo, las vecinas sostuvieron más de cuarenta horas de plantón sobre Mariano Escobedo porque, acusaban, la obra seguía pese a la suspensión. La autoridad ambiental de la Ciudad inspeccionó el predio y colocó una clausura temporal. El juzgado tuvo que aclarar por escrito que no se podía construir. En julio hubo una inspección judicial del suelo permeable que las vecinas describen como un ejercicio de hostigamiento, sin perito independiente. Mientras tanto, el showroom siguió vendiendo “nueva torre” como si nada estuviera en juicio.
El 11 de septiembre llegó la sentencia. Las vecinas ganaron una cosa: el tribunal ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente diseñar un esquema de seguimiento sobre agua, arbolado, áreas verdes y residuos. Dicho de otro modo, reconoció que la autorización ambiental otorgada en agosto de 2024 salió sin forma de verificar si las medidas de mitigación sirven.
Perdieron todo lo demás. La autorización sigue en pie. No hay orden de paro. La consulta vecinal de diciembre de 2019, publicada en una ventana que las vecinas consideran electoral, quedó validada. Y la lógica se invirtió: ya no hay que demostrar que el proyecto es viable; basta con que nadie haya probado que es inviable. Una semana después, la empresa declaró públicamente que sus permisos siguen vigentes y que sigue trabajando. El 19 de septiembre reabrió su módulo de atención vecinal en el mismo predio.
Aquí está el fondo del asunto, y no es jurídico. Es de gobierno.
El tribunal diagnosticó que la autoridad ambiental otorgó un permiso sin tener cómo vigilarlo, y el remedio consistió en pedirle a esa misma autoridad que ahora invente cómo vigilarlo, mientras el permiso corre. Es como descubrir que un puente se construyó sin supervisión y resolver que se siga usando mientras se contrata al supervisor.
Hablamos de la misma ciudad que cada temporada de lluvias pierde colonias enteras bajo el agua. La misma que presume captación pluvial y reforestación. La misma cuyo gobierno se dice ambientalista. Cada metro de suelo permeable que se sella en Miguel Hidalgo es agua que no se infiltra y que termina en la calle de alguien. La política ambiental se mide en metros cuadrados conservados, no en discursos.
También está la consulta. Las vecinas lo explicaron mejor que cualquier abogado: se les preguntó cómo reducir los daños de la obra, pero nunca se les preguntó si la obra debía construirse. Esa distinción no es un tecnicismo: es la diferencia entre participar y ser notificado.
La política que no sirve, estorba. Así que van tres cosas concretas.
Primera: que el esquema de seguimiento que debe elaborar la Secretaría del Medio Ambiente sea público, con indicadores medibles, calendario y peritos independientes, y que las vecinas puedan verificarlo. Si la Ciudad va a vigilar, que vigile a la vista de todos.
Segunda: que el Congreso de la Ciudad legisle lo que las vecinas ya pusieron sobre la mesa. Todo proyecto de más de diez mil metros cuadrados debería someterse a una consulta sobre su viabilidad, no solo sobre sus mitigaciones, fuera de periodos electorales y con los estándares del Acuerdo de Escazú, que México firmó y ratificó.
Tercera: que exista un registro público y actualizado de obras suspendidas o clausuradas en la Ciudad, con su estado procesal y la autoridad responsable de vigilarlas. Hoy, saber si una obra puede o no continuar exige leer expedientes. Eso no debería ser un privilegio de quien tiene abogado.
El amparo no se perdió del todo. Se perdió donde importaba. A las vecinas les dieron la razón en el diagnóstico y se la quitaron en el remedio. En esta ciudad, esa es la forma educada de decir que la obra sigue.