Este domingo, por segunda vez en una semana, miles de ciudadanos se manifestaron en Culiacán, indignados por el asesinato de dos niños y su padre. Las víctimas fueron baleadas al no detenerse en un retén organizado por un grupo delictivo. A esto se suma la ausencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la insensible declaración de su secretario de seguridad, quien atribuyó los hechos a la imprudencia de conducir una camioneta polarizada durante la noche.
Indignación social en Sinaloa por el asesinato de una familia.
Esta sacudida social revela varios puntos clave:
La fragilidad de la paz en Sinaloa: Como señaló hace meses el comandante militar de mayor rango en la región, la estabilidad no depende del Estado, sino de la capacidad de los grupos delictivos para mantenerse en acuerdo. Sin embargo, esta dinámica enfrenta un nuevo desafío: la creciente intolerancia de la sociedad hacia el crimen organizado, que hasta ahora había aceptado coexistir con su presencia.
El desgaste de la credibilidad del gobierno mexicano: La pérdida de confianza tanto dentro del país como a nivel internacional, especialmente entre nuestros socios comerciales, genera consecuencias negativas en materia de seguridad y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Por un lado, la sociedad dejará de buscar soluciones en el gobierno, complicando la construcción y mantenimiento de la seguridad. Por otro, aumentará la presión sobre el gobierno mexicano para contener la situación y evitar que se desarrollen posturas intervencionistas por parte de EUA, basadas en la aparente incapacidad del Estado para controlar al crimen organizado.
Una medida que podría mitigar la irritación social y proyectar un cambio de estrategia sería la destitución de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. No obstante, esto representaría un alto costo político para el partido en el poder, dado el apoyo público que legisladores y funcionarios federales han manifestado hacia el mandatario estatal.
Es relevante destacar que esta es la primera vez que una manifestación ciudadana llega hasta la oficina del gobernador, lo que refleja un nivel alarmante de inestabilidad social. Sin embargo, el panorama no muestra signos de mejora. Por el contrario, tras los recientes acontecimientos, incluso instituciones como la Cruz Roja se vieron obligadas a suspender operaciones durante varias horas por la falta de garantías para la seguridad de su personal.
Rubén Rocha Moya
Ante este escenario, lo mínimo que debería hacer el gobierno estatal es rendir cuentas y adoptar medidas que reduzcan la incertidumbre y el miedo que enfrenta la población. De no hacerlo, en unos años será irrelevante quién ocupe la gubernatura.