A un día del inicio del proceso electoral 2026-2027, Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), considerada la segunda posición de mayor relevancia dentro del organismo.

De acuerdo con La Jornada, la salida de Espino se debe a problemas de salud que le impedirían continuar en el cargo.

Espino asumió la Secretaría Ejecutiva en noviembre de 2024, luego de un periodo de disputa interna en el Consejo General del INE en torno a quién ocuparía esta posición.

Con su renuncia, la Secretaría Ejecutiva vuelve a quedar acéfala a menos de dos años de su llegada al cargo y justo antes del arranque formal del proceso electoral 2026-2027.

La salida ocurre mientras el INE se prepara para el nuevo proceso electoral, por lo que el Consejo General deberá definir a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “R5”, identificado por autoridades como presunto líder del Cártel de Los Reyes, murió durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el operativo ocurrió el pasado 30 de agosto, como resultado de trabajos de inteligencia realizados por el Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, durante el enfrentamiento murieron dos presuntos agresores, entre ellos Barragán Chávez. En el lugar fueron aseguradas armas, municiones y una cuatrimoto.

“El Wicho” era señalado como uno de los principales dirigentes del Cártel de Los Reyes, organización vinculada con actividades de tráfico de drogas y extorsión, particularmente contra productores de aguacate en la región.

Su muerte ocurre menos de un mes después de la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho la Quiringua”, otro de los líderes de la organización.

Además, Barragán Chávez era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El operativo representa un nuevo golpe a la estructura del Cártel de Los Reyes, particularmente en una zona de Michoacán donde la producción agrícola y las actividades de extorsión han sido señaladas como parte de las disputas criminales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el impacto de la muerte de “R5” en la estructura y operación del grupo criminal.

El manejo de recursos federales en Alvarado, Veracruz, es ahora materia de una investigación ministerial. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó ante la Fiscalía General de la República (FGR) cinco denuncias derivadas de la auditoría DN25001, luego de que el municipio no lograra acreditar el destino de recursos que, en conjunto, rebasan los 70 millones de pesos.

El expediente apunta a la gestión municipal del periodo 2018-2021 y describe un patrón que se repite en los cinco pliegos: dinero federal que salía de las cuentas receptoras hacia otras cuentas del propio ayuntamiento —donde se mezclaba con recursos de distinta naturaleza— y pagos a proveedores y contratistas de los que no existe documentación que demuestre en qué se aplicaron.

Cuatro fondos bajo revisión

Las operaciones observadas involucran recursos del FORTAMUN, del FAISMUN, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y de CAPUFE, fondos destinados por ley a fortalecer las finanzas municipales, financiar infraestructura social básica y compensar a los municipios por actividades específicas.

Durante 2020 y 2021, la ASF identificó transferencias desde las cuentas de estos fondos sin que pudiera determinarse el destino final del gasto ni acreditarse pago alguno a proveedores o contratistas. En 2021, además, el municipio realizó pagos con cargo al FAISMUN y al FORTAMUN sin entregar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Lo que sigue

La presentación de las denuncias marca un cambio de terreno: el caso abandona la vía exclusivamente administrativa —donde el ente auditado aún puede aclarar y solventar observaciones— y entra al ámbito penal. Será la FGR la que determine si los hechos documentados por el órgano fiscalizador constituyen delitos y quiénes serían, en su caso, los responsables.

Mientras tanto, Alvarado se suma a la lista de municipios cuyo ejercicio de recursos federales terminó judicializado, con más de 70 millones de pesos cuyo paradero deberá esclarecer ahora la autoridad ministerial.