Este miércoles 12 de febrero se llevará a cabo la insaculación para definir a las personas candidatas que competirán en las primeras elecciones del Poder Judicial en México. Este proceso ha sido duramente criticado en el círculo rojo, y no sin razón: se está implementando con poca planificación, recortes presupuestarios y sin un referente internacional al cual aspirar. Además, la aprobación de la judicial ha generado preocupaciones sobre el debilitamiento del Estado de Derecho, ya de por sí frágil tras casi dos décadas de guerra contra el crimen organizado y un contexto persistente de inseguridad.
Para muchos analistas, esta reforma podría incluso poner en riesgo el T-MEC, cuya renegociación está prevista para 2026. La razón principal es que los jueces electos podrían carecer de independencia, ya que “deberían favores” a quienes los impulsaron. Sin embargo, la reciente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha puesto en jaque la continuidad del tratado comercial (con órdenes ejecutivas y amenazas de cobrar aranceles) mucho más que México y la reforma judicial. Paradójicamente, la falta de estabilidad y certidumbre ha provenido de nuestro principal socio comercial antes que de México.
A pesar de las resistencias, el próximo 2 de junio de 2025 se realizarán las primeras elecciones para seleccionar a jueces y magistrados. Las campañas no contarán con financiamiento público y los mecanismos de fiscalización siguen siendo inciertos, salvo por la restricción de invertir en pauta para redes sociales, spots o publicidad. Esto implica un reto inédito: por primera vez, las personas candidatas a juzgadoras deberán salir de las bibliotecas y los tribunales para caminar las calles y acercarse a la ciudadanía.
Estamos ante un posible cambio de paradigma en la impartición de justicia. Durante años, el sistema judicial ha sido percibido como distante, incapaz de garantizar justicia real o de resarcir los daños a víctimas que son constantemente revictimizadas. Además, el acceso a un juicio imparcial ha estado condicionado por el dinero con el que cuentan las personas involucradas. Con las campañas, por primera vez, el Poder Judicial tendrá que escuchar y dialogar con la sociedad a la que debe servir.
Si bien el sistema judicial cuenta con profesionistas altamente capacitados, también ha sido manchado por el nepotismo y la corrupción, lo que ha generado un profundo malestar ciudadano. Ahora, tenemos la oportunidad de elegir a los mejores perfiles para ocupar estos cargos y conocer a quienes tomarán decisiones que impactarán la vida, el patrimonio y la libertad de muchas personas. No podemos olvidar que detrás de cada expediente hay una historia de vida que debe ser tratada con la mayor responsabilidad. Así como cada persona juzgada tiene un trasfondo, también las personas candidatas tienen trayectorias que moldean su perspectiva sobre la justicia.
Aún hay muchas reformas pendientes, como el fortalecimiento del papel de las fiscalías y la colegiación obligatoria de las y los abogados para garantizar juicios más equitativos. Sin embargo, esta elección podría convertirse, después de todo, en un experimento que nos sorprenda para bien.