El verdadero impuesto de la influencia

Durante las últimas semanas, los temas fiscales han dejado de ser asunto exclusivo de especialistas para instalarse, con inusual protagonismo, en la conversación pública. El caso de Ricardo Salinas Pliego y la discusión en torno a las obligaciones tributarias de ciertos grandes empresarios han reactivado una vieja pregunta: ¿pagan suficientes impuestos los más ricos? Pero la verdadera interrogante es otra: la desigualdad y el gasto público.

La pregunta sobre si los más ricos pagan suficientes impuestos suele presentarse como un debate técnico, una conversación de economistas, contadores y funcionarios de Hacienda que se resuelve entre porcentajes, tablas progresivas y deducciones autorizadas. Pero cada vez resulta más evidente que no estamos frente a un problema fiscal, sino institucional.

No se trata únicamente de cuánto contribuyen quienes más tienen, sino de cuánto poder político puede comprar esa contribución.

El principio de equidad tributaria, que en términos jurídicos se traduce como la obligación de aportar conforme a la capacidad económica, no es solo un gesto de justicia social: es un mecanismo de estabilidad democrática. Cuando ese principio se debilita, lo que entra en crisis no es la recaudación, sino la legitimidad del Estado para redistribuir cargas y beneficios sin parecer rehén de intereses privados.

México recauda poco, sí, pero sobre todo recauda mal.

Una parte considerable de los ingresos públicos proviene de impuestos al consumo, que pagan de manera proporcional más quienes menos tienen. Mientras tanto, los grandes patrimonios encuentran estructuras para optimizar su carga fiscal. El resultado no es solo desigualdad económica, sino una asimetría política cada vez más difícil de ignorar: el voto vale lo mismo, pero el patrimonio pesa más.

Y cuando el patrimonio empieza a pesar más que el voto, la democracia deja de ser representativa para volverse competitiva… pero no entre partidos, sino entre niveles de ingreso.

No es casualidad que los debates sobre impuestos a herencias, grandes fortunas o ganancias extraordinarias suelan descartarse bajo el argumento de que “espantan la inversión”. La inversión, en este caso, parece tener una sensibilidad particular: huye del impuesto, pero no de la influencia, porque en la práctica, la acumulación sin contrapesos no solo incrementa la riqueza, sino su capacidad para incidir en decisiones públicas.

Financiar campañas, litigar reformas, moldear regulaciones o condicionar mercados no requiere mayoría legislativa, sino liquidez. Desde luego, nadie propone que el éxito económico deba penalizarse, pero sí que su traducción en poder político tenga límites.

El problema, entonces, no es si los más ricos pagan suficientes impuestos.
El problema es si su riqueza puede comprar suficiente poder como para decidir cuánto quieren pagar.

Porque, en una democracia funcional, las leyes fiscales deberían ser el resultado del interés público.
No su precio.