El Último Viaje de Irma

El 23 de julio de 2025, el cuerpo sin vida de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años, fue hallado en un rancho en Álamo Temapache, Veracruz.
Irma, quien complementaba su pensión como conductora de taxi por aplicación, fue secuestrada el 18 de julio por un grupo armado, presuntamente la “Mafia Veracruzana”, por negarse a pagar una extorsión.
Golpeada y obligada a grabar un video donde advertía a sus colegas taxistas que pagaran el “derecho de piso“, Irma murió de un infarto provocado por las agresiones, según la autopsia.

La gobernadora Rocío Nahle afirmó que la causa fue un infarto, “les guste o no les guste”, pero esta declaración oculta una verdad más dolorosa: Irma no murió solo por un infarto, sino por el abandono sistemático del Estado.

Veracruz enfrenta una crisis de delitos de alto impacto. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2025 se registraron 450 homicidios dolosos en el estado, concentrados en municipios como Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba.
La tasa de homicidios es de 11.2 por cada 100,000 habitantes, menor al promedio nacional (25.7), pero con una impunidad alarmante del 98.9% (México Evalúa, 2024).
En feminicidios, Veracruz reportó 53 casos en 2024, con 64 víctimas niñas y adolescentes entre 2015 y noviembre de 2024 (México Evalúa, 2024).
La extorsión, el delito que marcó el destino de Irma, es aún más grave. Con una tasa de 11.9 por cada 100,000 habitantes (frente a 6.6 nacional), Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional.

La primera falla del Estado fue económica.
La pensión de Irma, ni siquiera sumada a los apoyos de Bienestar, le alcanzaba para vivir dignamente.
Como miles de personas adultas mayores, se vio forzada a trabajar en la informalidad, conduciendo un taxi por aplicación en condiciones precarias.
En México, el sistema de Afores no garantiza pensiones suficientes: el 70% de las personas jubiladas recibe menos de $3,000 pesos mensuales, insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Esto refleja un problema estructural: las personas jóvenes enfrentan empleos sin seguridad social y con salarios que no les alcanzan para ahorrar para el retiro o adquirir una vivienda, lo cual se reflejará en su vejez (además de que muchas de ellas no tendrán “hijos que los mantengan”).

La informalidad —taxis por aplicación, ventas por catálogo o trabajo doméstico— se ha convertido en una salida forzada, mientras el Estado evade su responsabilidad de garantizar ingresos dignos para una población cada vez más longeva.

La segunda falla fue la falta de seguridad.
La extorsión en Veracruz no solo afecta a taxistas, sino a comercios, transportistas y profesionistas, financiando al crimen organizado.
La cifra negra, estimada en 93.2%, refleja el temor a denunciar por posibles represalias.
La presencia del crimen organizado permea la sociedad, dificultando incluso el ejercicio periodístico, considerado de alto riesgo en el estado.

El derecho al trabajo digno y seguro, consagrado en el Artículo 5 de la Constitución, es letra muerta.
La doble tributación —al Estado y al crimen organizado— asfixia a quienes buscan ganarse la vida honestamente.
La tragedia de Irma Hernández no es solo un caso aislado, sino un reflejo de un México donde el Estado de Derecho y las garantías de seguridad económica y física fallan sistemáticamente.
Sin cambios profundos, su destino podría repetirse en otros estados y con otras personas.

Tres personas han sido detenidas por el secuestro y asesinato de Irma, pero nada borra el abandono que la llevó a la muerte.
Que su memoria inspire un cambio urgente.

Descanse en paz, maestra Irma.