Recientemente me encontraba en una conversación donde lo que se discutía era que señalar públicamente a una persona era algo muy fácil. Basta una publicación, una historia de Instagram, un video de TikTok o un hilo en X para que el nombre de alguien quede asociado, en cuestión de minutos, con una acusación.
Una vez que el señalamiento se vuelve viral, poco importa que después aparezca una aclaración. Y es verdad, la reputación viaja mucho más rápido que la rectificación.
El caso que esta semana ha puesto a Cornell University en el centro de la conversación es un ejemplo perfecto de esta tensión.
Una ex estudiante, identificada en la demanda como Jane Doe, presentó una demanda civil en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente en 2024. Cornell sostiene que realizó su propia investigación y que hubo sanciones contra estudiantes, mientras que la fiscalía del condado de Tompkins, que no presentó cargos criminales en aquel momento, anunció esta semana que reabrirá la investigación y llevará evidencia ante un gran jurado.
Desde que la demanda se hizo pública, las redes han tomado un caso complejo para convertirlo en una historia sencilla que genera contenido.
Los nombres de los señalados comenzaron a circular, acompañados de fotografías. Hay mucha indignación en las redes. Pero, ¿Qué pasa cuando una denuncia pública puede destruir la reputación de una persona antes de que exista una investigación que determine qué ocurrió?
Y la pregunta surge, porque éste fue el punto de debate en la conversación. Hay hombres que hoy lo dicen abiertamente: “Cualquiera puede acusarme y arruinar mi vida”.
Y si, es real, puede pasar.
Una acusación pública, aunque después no se acredite, puede tener consecuencias reales. Puede afectar un empleo, una relación, una familia, una carrera profesional o la manera en que una comunidad percibe a una persona.
Pero reconocer ese riesgo no significa concluir que toda mujer que denuncia está mintiendo. Del mismo modo, tomar en serio una denuncia no significa declarar culpable al señalado.
Escuchar no es condenar. Porque una denuncia es una acusación, no una sentencia.
Y precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de hacer bien su trabajo, hacer el debido proceso, llevar a cabo una investigación.
Las redes sociales no tienen peritos, ni cadena de custodia, ni interrogatorios, ni abogados, ni jueces con una carrera judicial.
Y el caso Cornell no se aparta de eso. La presión pública alrededor de la demanda contribuyó a que la fiscalía anunciara la reapertura de una investigación que había quedado sin cargos en 2024. Pero reabrir una investigación tampoco significa que las acusaciones ya estén probadas.
Hay una oportunidad de que sean investigadas nuevamente.
Entonces, si una persona fue falsamente acusada, una investigación seria debe poder demostrarlo. Pero si la demandante, en efecto, fue víctima del delito y su denuncia no fue investigada adecuadamente, esta investigación tiene el poder para demostrarlo.
Hombres, entiendan algo: No hay sistema de justicia que exista para darle la razón automáticamente a quien denuncia.
Y que alguien pueda afectar nuestra reputación es un riesgo que corremos todas y todos. Pero es un derecho fundamental garantizar a alguien justicia. Que un delito no quede impune, que haya una consecuencia por realizar un acto delictivo. Pero sobre todo, que no dejemos de perder humanidad y que nos siga indignando el mal que le hacen al otro.
Por eso me preocupa que este tipo de conversaciones pierdan sentido para convertirse en argumentos de una guerra tonta de géneros.
Una sociedad puede escuchar a una víctima, protegerla y tomar su denuncia en serio sin convertirla automáticamente en verdad jurídica.
Se puede respetar la presunción de inocencia de un hombre sin utilizarla como argumento para descalificar a quien denuncia.
Y puede que el problema sea que las redes sociales nos han dado una herramienta poderosa para hacer pública una acusación, y que tenemos sistemas que muchas veces son demasiado lentos para determinar lo que ocurrió.
El punto sigue siendo el mismo, las denuncias públicas tienen que ser tratadas con seriedad y con responsabilidad. Pero nunca dejar de escuchar a quien alza la voz para exigir justicia.