El grupo empresarial al que pertenece Comercializadora Don Cacahuato, contratista estatal, realizó una transferencia de 4.6 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados en septiembre de 2023
¿Qué pasó?
En el gobierno de Samuel García, el DIF de Nuevo León ha realizado 14 pagos por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, un proveedor estatal que pertenece a un grupo empresarial que contrató los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho propiedad del gobernador de Nuevo León y de su padre, Samuel García Mascorro. Las transacciones fueron reportadas originalmente por el medio Latinus.
El contexto:
Comercializadora Don Cacahuato, que provee despensas y desayunos escolares al gobierno de Nuevo León, pertenece a Grupo Cimarrón, empresa propiedad de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. En septiembre de 2023, Distribuidora Damago, otra subsidiaria de Grupo Cimarrón, emitió una transferencia por 4.6 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Una gran parte de los contratos asignados por el DIF Nuevo León a Comercializadora Don Cacahuato se realizaron durante la gestión de Miguel Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Antes de entrar al gobierno, Sánchez trabajó durante ocho años en Firma Jurídica Fiscal Abogados, el despacho de Samuel García Sepúlveda y Samuel García Mascorro.
En junio de 2022, Miguel Sánchez fue relevado de su cargo en el DIF estatal sin que el gobierno lo hiciera público. Sánchez, amigo personal de Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú, enfrenta un proceso judicial por su responsabilidad administrativa por la negligencia del Estado en el asesinato de un menor de edad, Ángel Moreno, en el DIF Fabriles. En mayo del año pasado, Sánchez obtuvo un amparo para no ser imputado por esta causa.
¿Por qué importa?
Las transacciones repiten un modus operandi de triangulación financiera entre el gobierno del estado, sus contratistas y Firma Jurídica Fiscal Abogados.
Esto se suma a casos como el de ECM Soluciones Fiscales: Miguel Ángel Rojas Galván, quien fue empleado de Firma Jurídica y Fiscal Abogados durante ocho años y que actualmente es el director Jurídico Tributario del gobierno estatal, asignó contratos por 140 millones de pesos a ECM Soluciones Fiscales, una empresa que comparte domicilio con el despacho propiedad de Samuel García Sepúlveda y de su padre, Samuel García Mascorro. ECM Soluciones fiscales fue contratado para resolver litigios fiscales del gobierno de Nuevo León, una tarea que corresponde a la oficina pública de Rojas Galván.
También, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, el gobierno estatal otorgó contratos por 964.7 millones de pesos a Suministro MYR, una compañía de servicios de alimentación a penales y organismos públicos que destaca por ser la segunda empresa con el mayor monto de asignaciones públicas a nivel federal.
De manera paralela, Suministro MYR facturó 237.2 millones de pesos a una empresa “hermana” que comparte al mismo socio fundador y forma parte del mismo grupo económico, Proveedor de Productos Mexicanos Jace. La segunda compañía pagó 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
La cifra representa el 21 por ciento del monto de contratos estatales asignados a Suministro MYR. De acuerdo a los datos del SAT, los pagos se realizaron a partir del 15 de octubre de 2021, once días después del inicio de la administración.
De acuerdo a una investigación de Código Magenta, a partir de que el gobernador Samuel García se instaló en la gubernatura, los dos despachos jurídicos de él y de su familia triplicaron sus ingresos al pasar de 632 millones de pesos que facturaron de 2015 a 2021 -antes de ser gobernador- a 1,781 millones de pesos que es lo facturado desde 2021 -cuando tomó posesión- a lo que va de 2024.
Ya van como tres suspensiones contra la discusión legislativa de la reforma judicial. Éstas, evidentemente, han sido ignoradas por Morena y aliados (son improcedentes, asegura Monreal). Ahora va una definitiva, ¿será acatada? Spoiler: seguramente no.
Marcha contra la Reforma Judicial / Foto: Sopitas.com
Suspensión hace que dictamen de la reforma judicial pase a congresos locales
Pero bueno, ya estará de dios… el caso es que la jueza quinto de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, otorgó una suspensión definitiva contra la discusión de la reforma judicial. Esta medida hace que, según, la iniciativa no pueda pasar a congresos locales… futuro destino de la discusión, si es que ésta es aprobada en el Senado (porque ya lo fue en la Cámara de Diputados).
“(El dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, señala la resolución de la jueza citada por Proceso.
Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.
Morena y aliados dicen que suspensión es improcedente
El fin de semana se dio a conocer las suspensiones provisionales que se metió para detener la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma judicial. Ésta fue concedida porque, según la jueza, el dictamen de la reforma judicial puede vulnerar los derechos humanos de los jueces que promovieron el recurso… pero también los derechos de la colectividad, ya que pone en riesgo la independencia judicial.
Y bueno, ahora, según Animal Político, se otorgó la suspensión definitiva con base en lo que marca el artículo 144 de la Ley de Amparo, ya que AMLO y las comisiones de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados no respondieron a las solicitudes de “informe previo”… algo a lo que, en teoría, estaban obligados por tratarse de un asunto relacionado con la violación de derechos humanos.
Bueno, eso es lo que marca lo dicho oficialmente por la jueza. Sin embargo, en entrevistas, ella señala asuntos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Específicamente con el artículo 186 de esta ley. “Desconozco las otras demandas”, aceptó en entrevista con Carmen Aristegui.
De acuerdo con el portal de investigación periodística, si ésta vez no se acata la suspensión y tampoco se responde al juicio, podría considerarse un abuso de autoridad… sin embargo, desde hace rato el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, asegura que la jueza está incurriendo en un acto inconstitucional y que, de plano, debió rechazarse desde el inicio.
¿Por? Por lo que dice el artículo 61 de la Ley de Amparo: que el juicio de amparo es improcedente cuando se trata de adiciones o reformas a la Constitución.
Pues bueno, para brincarse ese pequeño detalle, la jueza indica que urrrrrge parar el procedimiento de la reforma judicial, ya que, cuando éste culmine, “es claro que impactará a los quejosos [los jueces] y los dejaría en estado de indefensión”.
Con la reciente designación de Emilia Esther Calleja como la nueva Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha comenzado a tomar forma su equipo de trabajo. En este proceso, han surgido nombres que llaman particularmente la atención. Entre ellos, el de Adrian Olvera Alvarado, actual Director de la EPS Generación V, y que ha sido mencionado como posible nuevo Director Corporativo de Operaciones. Este nombramiento ha suscitado diversas reacciones debido a ciertos señalamientos en su contra.
De izquierda a derecha: Claudia Sheinbaum y Emilia Esther Calleja
Olvera ha estado en el centro de diversas controversias durante su tiempo en la CFE. Se le ha vinculado con supuestas acusaciones de conductas inapropiadas, además de que se ha señalado su posible participación en eventos desafortunados como accidentes de tránsito con vehículos oficiales de la CFE e incidentes de violencia. Algunas versiones indican que Olvera ha comenzado a realizar giras de trabajo con Calleja, lo que se puede interpretar como un intento de respaldarlo frente a las denuncias en su contra.
Entre los testimonios que han trascendido, se destaca el caso de una excolaboradora identificada como Karen “N”, quien en 2020 decidió renunciar a su puesto en la CFE. Se ha mencionado que la excolaboradora habría presentado una denuncia ante la Unidad de Género e Inclusión de la CFE, señalando a Olvera por acoso, y que, tras presentar la queja, habría enfrentado amenazas que la llevaron a abandonar su empleo.
En cuanto a Emilia Esther Calleja, circulan versiones sobre la existencia de conflictos de interés. Entre ellos, está la relación entre Calleja y su esposo, el Ingeniero Ricardo Cerritos Jasso, quien actualmente ocupa el puesto de Jefe del Departamento de Compras de la misma empresa subsidiaria que dirige Olvera. Estas versiones han dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que se hayan realizado contrataciones y acuerdos dentro de la CFE que involucran a familiares y conocidos.
De izquierda a derecha: Manuel Bartlett y Adrián Olvera Alvarado.
Por otro lado, en días recientes, se reportó una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la madre de una trabajadora de la CFE, quien acusó a Calleja de tener un trato inapropiado hacia su hija durante su embarazo. La denuncia señala que la gestión de Calleja podría haber puesto en riesgo la salud de la empleada y de su recién nacido.
Estas situaciones no hacen más que generar preocupación en un contexto donde el gobierno entrante ha expresado su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. Naturalmente, se han planteado preguntas sobre cómo la nueva Directora General de la CFE abordará los casos relacionados con la prevención de acoso laboral y sexual,si se implementarán medidas para proteger a las trabajadoras de la institución y si se realizarán las investigaciones correspondientes para aclarar estos hechos.
Luz Elena González, designada como secretaría de energía en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.
El papel de Luz Elena González como nueva Secretaria de Energía también será central en esta situación. La supervisión que ejerza sobre la CFE será decisiva para garantizar que las preocupaciones de los empleados, especialmente las mujeres que se han visto afectadas, sean atendidas de manera efectiva. Es trascendental que su liderazgo envíe un mensaje claro de cero tolerancia ante cualquier conducta que comprometa la integridad de la institución.
La nueva administración de la CFE se enfrenta al reto de no permitir que esta siga siendo arrastrada por malos manejos y situaciones de acoso que han afectado su reputación. El papel que desempeñe Emilia Esther Calleja, como Directora General, será de suma importancia para enfrentar estas problemáticas y evitar que continue el declive de la institución. Si no se actúa con transparencia y firmeza, se corre el riesgo de que las políticas de igualdad y no discriminación queden como palabras vacías, afectando tanto a las trabajadoras como al futuro de la empresa.
La reciente victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desencadenado una serie de movimientos rápidos y significativos dentro de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con la presencia de Luz Elena González Escobar y Emilia Calleja en reuniones clave, se ha iniciado un proceso de evaluación rigurosa de personal, donde diversos ingenieros han pasado por el escrutinio para determinar su permanencia en sus puestos. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil para todos; muchos han salido decepcionados, al no cumplir con las expectativas de las nuevas lideresas.
En contraste, algunos directivos parecen estar seguros de su futuro dentro de la CFE, e incluso esperan ascensos. Entre ellos, destacan Adrian Olvera Alvarado, Rubén Cuevas Plancarte y Luis Bravo Navarro. Olvera, actual Director de la Subsidiaria Generación 5, ha sido particularmente vocal sobre su influencia, llegando a presumir abiertamente de tener el control sobre las decisiones de la próxima directora de la CFE, a quien ya habría ofrecido el puesto de Director de Operaciones.
No obstante, el historial de Olvera dentro de la empresa es motivo de preocupación. Acusado de acoso sexual por varias subordinadas, su comportamiento ha generado un ambiente laboral hostil y temeroso. Las denuncias incluyen desde intimidación hasta amenazas, lo que ha llevado a algunas trabajadoras a renunciar. Además, se le vincula con incidentes de violencia y prepotencia, como un choque en estado de ebriedad en 2023 y una trifulca en una posada decembrina organizada por él. Su gestión también ha sido cuestionada, especialmente durante los apagones de este año, donde varias plantas bajo su supervisión quedaron fuera de servicio, provocando un caos en el sistema eléctrico nacional.
Por otro lado, Rubén Cuevas, miembro de la cúpula administrativa, también enfrenta serias acusaciones. Su práctica de grabar reuniones y conversaciones para chantajear a sus colegas y proveedores ha levantado alarmas. Testimonios sugieren que, junto con Xchel Arias, ha exigido sumas millonarias para facilitar reuniones con el Director General de la CFE. Además, Cuevas ha sido señalado por su comportamiento misógino y violento hacia las mujeres de su oficina, lo que ha deteriorado aún más el ambiente laboral en la institución. Su historial de corrupción y enriquecimiento ilícito también es preocupante, con propiedades adquiridas en tiempo récord y viajes de lujo financiados por proveedores.
Luis Bravo Navarro, otro de los mencionados, no escapa a la polémica. Sin formación académica formal, su gestión al frente de la comunicación de la CFE ha sido deficiente, como lo demuestra la reciente campaña “Somos más que energía”, criticada por su alto costo y pobre ejecución. Su vida de excesos y prepotencia fuera del horario laboral es bien conocida, siendo habitual encontrarlo en restaurantes lujosos de Polanco o Reforma, en lugar de en su oficina.
No todos en la CFE buscan aferrarse a sus puestos. José Manuel Mendoza, por ejemplo, ha sido reprendido en múltiples ocasiones por el propio Manuel Bartlett debido a los pobres resultados en los proyectos asignados a su subdirección, como los de ciclo combinado a corto plazo.
El reto para las nuevas encargadas de la política eléctrica del próximo sexenio será monumental. Deberán hacer una selección rigurosa y seria de los candidatos adecuados para dirigir la CFE en un contexto de alta corrupción y nepotismo. La buena noticia es que dentro de la CFE aún existen técnicos de carrera, honestos y trabajadores, que podrían cumplir con las expectativas y llevar a la institución hacia un futuro más prometedor.