Desaparición forzada y la crisis de las Fiscalías locales

En días recientes, el descubrimiento realizado en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, reveló un centro de exterminio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de los sobrevivientes, este opera desde 2012 como un sitio de reclutamiento y ejecución de civiles.

Rancho Izaguirre

Algunas investigaciones, hechas en el lugar, han revelado la existencia de aproximadamente 1,300 objetos pertenecientes a personas desaparecidas, lo que confirma la magnitud de esta tragedia. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y, cuando se comete de manera sistemática o generalizada, es considerada un crimen de lesa humanidad. Su naturaleza jurídica se fundamenta en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho constitucional en diversos países.

De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ONU, 2006), la desaparición forzada se define como:“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.”

Familias en busca de sus desaparecidos

La situación en México es especialmente grave, ya que la desaparición forzada no solo es un delito de extrema violencia, sino que también evidencia la profunda debilidad institucional del Estado. La incapacidad de las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República para investigar con seriedad delitos considerados de lesa humanidad, desnuda la crisis del sistema de justicia.

El problema se agrava por la falta de capacidades operativas en la cadena de custodia de pruebas, el deficiente resguardo de las fosas clandestinas y la inaceptable manipulación política de este tipo de crímenes.

Circunstancias que dejan claro que el problema de la justicia en México no se limita a la impartición de justicia, sino a la falta de recursos financieros y operativos de las Fiscalías. Muchas de ellas carecen de presupuesto, autonomía y están sometidas al control político de los gobernadores y autoridades locales.

Nuestra indignación ante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se basa en una realidad incuestionable: los más vulnerables ante estos crímenes son las juventudes. Porque cuando desaparece un joven, desaparecen también sus oportunidades, se destruyen familias y se impide el cierre de un ciclo de duelo.

Evidencias en Rancho Izaguirre

Nuestra indignación en 2025, es bastante similar: al reducir los cuerpos a cenizas o arrojarlos a fosas clandestinas, se borra la posibilidad de una memoria colectiva, anulando la justicia y perpetuando la impunidad.

Más allá de politizar el tema y buscar culpables entre los actores políticos, es urgente que la sociedad y el gobierno construyan un gran pacto nacional para frenar la inseguridad, un problema que, sin duda, afecta principalmente a los jóvenes de este país.

Tenemos la necesidad de colaboración y unidad entre la sociedad y el gobierno para combatir la inseguridad.