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Denuncian a Juan Carlos Loera de la Rosa por actos anticipados de campaña y nepotismo

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  • Encuestas Chihuahua lo anuncia como el principal candidato de Morena a la gobernatura del 2021
  • El delegado se adjudica del tema sembrando vida, créditos para vivienda, becas Benito Juárez, entre otros programas sociales

Interponen demanda en contra del diputado federal con licencia y actual delegado de programas del bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuestos actos adelantados de campaña en el estado de Chihuahua; hecho que se suma a la previa denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo e influyentismo.

Los presuntos actos constitutivos de delito contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se presentaron el viernes pasado, luego de que se dio a conocer una campaña vía telefónica en todo el estado, para posicionar la imagen del delegado y así lograr la candidatura de gobernador.

Bajo el lema “el mejor candidato a gobernador en Chihuahua”, la encuestadora llamada Encuestas Chihuahua realiza llamadas telefónicas con cuatro preguntas que buscan el posicionamiento del funcionario federal y lo anuncian como el principal candidato de Morena a la gobernatura del 2021. Asimismo, se adjudica los temas de sembrando vida, créditos para vivienda, becas Benito Juárez, entre otros programas sociales.

Cabe destacar que la encuesta y posterior denuncia por actos adelantados de campaña, a Loera de la Rosa se le suma la denuncia pública presentada por presunto nepotismo e influyentismo, ya que diversos parientes directos ocupan  cargos importantes en la administración federal.

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Urge se aprueba la revocación de mandato en Morelos: Eliasib Polanco

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Cuernavaca, Mor., a 21 de septiembre de 2021. (Redacción).-

A pesar de que desde el pasado 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Político Electoral que incorpora a las entidades federativas a la revocación de mandato en sus gobernadores, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Eliasib Polanco Saldívar lamentó que sigue sin aprobarse en Morelos, ya que el plazo para ello venció el pasado 21 de junio del presente año, por lo cual los diputados incurrieron en omisión

En el Articulo 116, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que las Gubernaturas en los estados no podrá superar más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados publicaran las normativas y los procesos de revocación de mandato de los gobernadores.

Las Constituciones de los Estados publicaran las normativas y los procesos de revocación de mandato de los gobernadores. Polanco Saldívar dijo que en Morelos, la revocación de mandato estuvo vigente sólo cuatro años,

«hoy es un reclamo de la sociedad a una pérdida de la confianza en el ejercicio de la función pública”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la LV Legislatura, recordó que el Congreso de la Unión dio de plazo 18 meses a los congresos estatales para aprobar la revocación de mandato, el plazo se venció el 21 de junio del presente año, el Congreso morelense incurrió en una omisión legislativa.

Para finalizar, Eliasib Polanco Saldívar dijo que la revocación de mandato es urgente que se apruebe a la brevedad por esta Legislatura, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el primero de octubre cumple tres años en el cargo,

«debemos de estar atentos a los reclamos y confianza, nosotros como diputados tenemos una responsabilidad legislativa insoslayable».

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Movimiento Ciudadano denuncia PRIMOR, pacto entre PRI y Morena en San Lázaro

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Cuidad de México, Méx., a 23 de septiembre de 2021. (Redacción).- 

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, denunció que “se confirma el pacto de impunidad PRIMOR” entre Morena y el PRI, en el reparto de presidencias de comisiones de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al arribar a un acuerdo entre partidos, Morena decidió ceder al PRI las comisiones de Gobernación -que presidían los morenistas- y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que tenía MC en la pasada Legislatura.

En cambio, el PAN perdió la Comisión de Hacienda y se la otorgaron al PVEM.

“Se confirma el pacto de impunidad PRIMOR. La Junta de Coordinación Política nos ha arrebatado la Comisión de Vigilancia, que presidió con integridad y probidad MC para entregársela al PRI. Convocamos a los panistas conscientes a no ser cómplices de este atropello”, protestó Álvarez Máynez en entrevista en San Lázaro.

Dijo a los del PAN que “¿Cómo pueden aceptar que siendo la segunda fuerza con 114 diputados, el PRI con 71 les arrebate la Junta de Coordinación Política y luego les quiten la Comisión de Hacienda a cambio de que el PRI encabece la de Vigilancia? ¿No conocen al PRI?”.

También, en sus redes sociales, el diputado ironizó al escribir: “Acto # 1: El PRI se desiste del juicio poselectoral en Campeche. Acto # 2: La Junta de Coordinación Política que le correspondía al PAN se la dan al PRI. Acto # 3: Invitan de embajador al gobernador priista de Sinaloa. Acto # 4: Le dan al PRI la Comisión de Vigilancia. ¿Cómo se llamó la obra? PRIMOR”.

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Gobiernos, más susceptibles a corrupción sin analítica de datos

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• Los municipios, los estados y el Gobierno de México, pueden mejorar sus mecanismos de control y vigilancia

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021. Un gobierno analítico, con la implementación de analítica avanzada, alcanzará mejores resultados a un menor costo, logrando su verdadera transformación en beneficio del pueblo al que representa, al tiempo que le cierra la puerta a quienes hacen de la corrupción una forma de vida, indica Juan Carlos Olarte, Gerente de Conocimiento Soluciones y Producto de Infórmese.

El especialista reconoce que todos los gobiernos en Latinoamérica son más susceptibles a este tipo de casos, porque muchos de sus procesos continúan siendo en papel, lo que en numerosas ocasiones lleva a la discrecionalidad en la toma de decisiones, en perjuicio de quienes más necesitan los recursos.

Como ejemplo de caso en la región, recordó que hace un tiempo trabajaron con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y encontraron que existían 561,277 “niños fantasmas”, que le costaban a la nación sudamericana, unos 218 millones de dólares cada año, dinero que podía servir para otros fines y programas sociales del gobierno.

“Con base en esa experiencia en Colombia, definitivamente sí, los gobiernos en México son más susceptibles a la corrupción sin la analítica de datos, al igual que en el resto de Latinoamérica. Ésta aporta bastante al proceso de monitoreo, cumplimiento y control”.

“A cada uno de los niveles de gobierno en México: municipal, estatal y al Gobierno Federal, una recomendación es que involucre, número uno, analítica en sus procesos de vigilancia y control; número dos, que en la medida de lo posible, aquellos procesos de contratación que se hacían en papel, los lleven a esquemas de plataformas digitales para que cierren las puertas a actividades indebidas”, explicó Olarte.

Actualmente hay distintos enfoques sobre la corrupción en el país, como el antepenúltimo lugar (con calificación final de 5.51 puntos, en una escala de cero al 10) que ubica a México en el combate a esta materia, en el estudio Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, elaborado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos) del Vance Center for International Justice. Pero también se encuentran los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2020, presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que en el año 2020 el 71.5 por ciento de las unidades económicas en México consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, denotando una reducción en relación al 82.2 por ciento reportado en el año 2016.

Olarte recordó que también está el Open Contracting Data Standard, que  es un estándar de datos abiertos gratuito para la contratación pública, que ha sido implementado por más de 30 gobiernos en todo el mundo. Además, en México, en mayo pasado, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, destacó la propuesta de Contrataciones Abiertas para consolidar una cultura de datos abiertos en México, misma que está ceñida a la iniciativa internacional promovida por Open Contracting Partnership.

“En los últimos 20 años, México ha sido uno de los países latinoamericanos que más legislación y procesos de transparencia anticorrupción ha implementado y en cada uno de ellos han contado con un elemento importante de tecnología que ha permitido expandir ese impacto de esfuerzos originados en el ámbito social. El más reciente fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y con la analítica de datos, puede mejorar la vigilancia y control”, concluyó.

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