Debates entre candidaturas a ministras y ministros: ¿Desafío o continuidad?

El debate presidencial en México surge como una herramienta para fortalecer la democracia y permitir a la ciudadanía conocer de primera mano las propuestas, posturas y habilidades de los candidatos a la Presidencia de la República. Su origen se encuentra en la evolución del sistema democrático mexicano y en la necesidad de ofrecer un espacio de confrontación de ideas bajo reglas establecidas.

El debate presidencial cumple un papel fundamental en la formación del voto informado. Permite que los ciudadanos comparen directamente a los candidatos, evalúen su capacidad de respuesta bajo presión y analicen la viabilidad de sus propuestas. Sin embargo, enfrenta retos como la parcialidad en la moderación, el riesgo de discursos vacíos y la manipulación mediática.

El 30 de enero de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el “Acuerdo INE/CG53/2025”, que establece el Plan de Difusión para los promocionales relacionados con las candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Objetivos del Plan de Difusión:

1. Informar a la ciudadanía sobre los cargos a elegir en el proceso electoral, incluyendo sus funciones y responsabilidades.
2. Promover la participación ciudadana en las elecciones, destacando la importancia de emitir un voto informado.
3. Facilitar el conocimiento de las candidaturas, proporcionando información sobre los perfiles de los aspirantes a través de la plataforma “Conóceles”.

Ante este escenario, que ya resulta complejo por la amplia lista de candidatas y candidatos a juezas, magistrados, ministros y ministras del Poder Judicial Federal, se plantea una encrucijada. El reto consiste en garantizar la participación equitativa de todas y todos, así como en contrastar sus propuestas, planes y visiones sobre el Poder Judicial. En este contexto, es fundamental establecer reglas operativas para el uso del presupuesto durante las campañas.

Cabe señalar que la participación en medios de comunicación no se considera parte del proceso de fiscalización. Por ello, uno de los aspectos cruciales será definir las normas de participación y establecer los ejes temáticos del debate que permitan confrontar las propuestas de los postulantes. Además, resulta necesario reconocer la imposibilidad material de lograr que todas y todos debatan simultáneamente en un espacio obligatorio, tal como lo exige el INE.

Por otro lado, la nueva campaña impone el reto de que las y los candidatos a jueces y ministras desarrollen habilidades argumentativas que les permitan adaptar su lenguaje a un registro más ciudadano. Esto representa una transformación significativa, dado que habitualmente emplean un lenguaje técnico orientado a dirimir controversias. En consecuencia, estos debates podrían enfrentar dificultades, ya que no se garantiza un terreno de igualdad para todos, ni se cuenta con una audiencia entusiasta y comprometida dispuesta a conocer y contrastar sus ideas en el proceso de promoción frente al voto.