Hace unos días, una de las corporaciones de seguridad más grandes y extrañas de México cumplió 80 años. En el histórico Cuartel de Lerma, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México conmemoraron ocho décadas de existencia con reconocimientos para elementos en activo, homenajes póstumos para quienes murieron en cumplimiento del deber y anuncios sobre una nueva etapa de profesionalización. Al frente se encuentra Carlos Javier Álvarez Cárdenas, un mando con antecedentes en el ámbito militar y experiencia en tareas de seguridad, cuya llegada durante el gobierno de Delfina Gómez representa el intento más reciente por ordenar una institución que durante décadas creció mucho más rápido que las normas encargadas de regularla.

Hoy los CUSAEM hablan de saneamiento financiero, certificación, mejores salarios, escalafones y profesionalización. Su administración asegura haber regularizado adeudos fiscales, alcanzado un convenio de pago con el ISSEMYM y establecido nuevos tabuladores para su personal. Son cambios importantes para una corporación que llega a sus 80 años todavía tratando de responder preguntas que la han acompañado durante buena parte de su existencia. Para entenderlas hay que regresar varias décadas y recordar que durante mucho tiempo ni siquiera los conocíamos como CUSAEM.

Antes eran simplemente la Policía Auxiliar

Durante décadas, particularmente en los años ochenta y noventa, muchos mexiquenses los conocían simplemente como la Policía Auxiliar. La legislación del Estado de México fue reconociendo la existencia de cuerpos auxiliares dentro de su sistema de seguridad y éstos desarrollaron una función peculiar: proporcionar vigilancia, custodia y protección mediante servicios contratados por instituciones públicas y particulares. Con el tiempo aquella estructura se convirtió en un enorme aparato integrado por los cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial de los valles de Cuautitlán-Texcoco y Toluca, además de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.

La peculiaridad permanece hasta nuestros días. CUSAEM no es simplemente una compañía de seguridad privada, pero tampoco es la Policía Estatal. La propia corporación se define actualmente como un órgano auxiliar de la función de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Ahí comienza una zona gris que durante décadas resultó difícil de explicar incluso para quienes convivían diariamente con sus elementos.

Parecían policías, actuaban como policías…

La confusión aumentó todavía más alrededor de 2011, cuando las transformaciones de las instituciones de seguridad mexiquenses estuvieron acompañadas por cambios de imagen. Uniformes, insignias, patrullas y equipamiento de los cuerpos auxiliares adquirieron una apariencia muy cercana a la utilizada por la Policía Estatal. Para el ciudadano promedio distinguirlos podía resultar prácticamente imposible: enfrente tenía a un hombre uniformado y armado, equipado con radiocomunicación y respaldado por una unidad balizada con torretas rojas y azules.

Pero existe un detalle todavía más revelador. Hasta en Plataforma México existen antecedentes de integrantes de estos cuerpos registrados bajo denominaciones propiamente policiales. En 2011, por ejemplo, una consulta realizada por la entonces Procuraduría capitalina a Plataforma México reveló que Azalia Ojeda Díaz —la famosa “Lady de Polanco”— tenía una plaza dentro del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, perteneciente a CUSAEM. En el registro aparecía como “Policía Bancario” y con puesto de “policía raso”.

La contradicción resulta difícil de ignorar. Para el ciudadano eran policías; sus uniformes y vehículos parecían policiales; portaban armas y hasta los registros institucionales podían utilizar categorías como policía auxiliar o bancario para identificarlos. Sin embargo, su naturaleza jurídica seguía siendo distinta a la de una corporación preventiva ordinaria. Un elemento de CUSAEM puede intervenir ante un delito flagrante y realizar una detención en los supuestos permitidos por la legislación, pero ello no significa que automáticamente cuente con todas las atribuciones institucionales de una policía preventiva para desarrollar por sí mismo la totalidad del procedimiento policial. Esa diferencia puede ser perfectamente comprensible para un abogado; para quien observa un uniforme, una pistola, una patrulla y una torreta encendida, difícilmente lo es.

Estaban prácticamente en todas partes

Pese a esa ambigüedad, los CUSAEM crecieron enormemente. Durante los gobiernos priistas del Estado de México y particularmente durante los años de Enrique Peña Nieto, primero como gobernador y después como Presidente de la República, su presencia se volvió cotidiana en instalaciones públicas. Hospitales, oficinas administrativas, organismos descentralizados, universidades, bancos, industrias e instalaciones gubernamentales fueron custodiados por sus elementos. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto llegaron a convertirse, además, en uno de los grandes proveedores de vigilancia para instituciones del Gobierno Federal.

Su presencia llegó incluso a un lugar tan cotidiano como el Metro de la Ciudad de México. Durante años, elementos de los cuerpos auxiliares mexiquenses prestaron servicios de vigilancia en instalaciones y estaciones ubicadas en territorio del Estado de México. Para el pasajero aquella frontera institucional era prácticamente invisible: podía comenzar su viaje dentro de la Ciudad de México y, algunas estaciones después, encontrarse con personal mexiquense al ingresar a territorio del Estado de México. Era otra muestra de hasta dónde había llegado una corporación cuyo nombre, paradójicamente, seguía siendo desconocido para buena parte de la población.

Para millones de ciudadanos, el primer rostro de una institución gubernamental no era un policía federal, un militar o siquiera un servidor público: era un elemento de CUSAEM. Y detrás de ello existía una situación extraordinaria que durante años aceptamos como completamente normal: el Gobierno Federal pagaba a una corporación auxiliar perteneciente al sistema de seguridad de otra entidad federativa para proteger sus propios edificios.

AMLO decidió que el gobierno debía cuidar al gobierno

Aquello comenzó a cambiar con Andrés Manuel López Obrador. En 2019, su gobierno informó que 39 mil 107 elementos contratados externamente cubrían instalaciones federales no estratégicas. Al explicar quiénes proporcionaban buena parte de esos servicios, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, mencionó expresamente a CUSAEM entre los principales proveedores y anunció que estaba programado el relevo de ese personal mediante el fortalecimiento del Servicio de Protección Federal.

La lógica era sencilla: si el Gobierno Federal necesitaba policías para proteger sus edificios, debía desarrollar una institución federal capaz de hacerlo. Comenzó entonces una sustitución silenciosa. Donde durante años vimos uniformes de CUSAEM comenzaron a aparecer los del SPF. La corporación mexiquense no desapareció —y todavía conserva numerosos servicios públicos y privados—, pero comenzó a perder uno de los espacios donde había alcanzado una presencia extraordinaria: las instalaciones del Gobierno Federal.

Del “JJ” al Oxxo: cuando la zona gris se enfrentó con la realidad

La enorme dimensión alcanzada por CUSAEM produjo historias que ayudan a entender mejor que cualquier definición jurídica qué clase de institución se había construido. Una de las más conocidas apareció después del atentado contra Salvador Cabañas. José Jorge Balderas Garza, “El JJ”, había contado con servicios de escolta proporcionados por elementos de CUSAEM mediante un contrato tramitado utilizando una de las identidades con las que se presentaba. Tres policías auxiliares que lo escoltaban terminaron declarando ante la Procuraduría capitalina después del ataque contra el futbolista. El caso exhibió hasta dónde podían llegar los servicios proporcionados por una corporación que no solamente vigilaba edificios, sino que también ofrecía protección personal.

Cinco años después ocurrió una historia completamente distinta en un Oxxo de Iztapalapa. Un hombre ingresó armado para asaltar el establecimiento mientras un elemento de CUSAEM observaba lo sucedido mediante el circuito cerrado. Cuando el delincuente intentó escapar, el guardia salió a enfrentarlo. El asaltante lo encañonó y el elemento respondió disparando su arma de cargo: una subametralladora Uzi calibre nueve milímetros. Hirió al ladrón, policías preventivos capitalinos llegaron al establecimiento y posteriormente descubrieron que el arma utilizada por el asaltante era una réplica. El integrante de CUSAEM acreditó que se encontraba prestando el servicio de vigilancia y quedó en libertad.

En 2021 volvió a ocurrir algo semejante, esta vez en la colonia Del Valle. Dos presuntos delincuentes se enfrentaron con un guardia de CUSAEM que intentó frustrar un asalto. Hubo intercambio de disparos, el elemento resultó herido y uno de los presuntos responsables también fue lesionado; posteriormente ambos sospechosos fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Otra vez aparecía la misma escena: un hombre perteneciente a una corporación cuya naturaleza jurídica llevaba años discutiéndose enfrentándose a delincuentes exactamente como lo haría cualquier policía.

Pero no todos regresaron a casa. En septiembre de 2019, en Tlalnepantla, un elemento de CUSAEM custodiaba un camión repartidor de cerveza cuando dos delincuentes intentaron asaltar al conductor. El custodio trató de impedir el robo y fue asesinado a balazos. Después de matarlo, los agresores se acercaron, le quitaron su arma de cargo y huyeron. En otro caso ocurrido años antes, un presunto integrante de CUSAEM de apenas 25 años murió durante un asalto a un autobús en la carretera Naucalpan-Toluca después de aparentemente resistirse al robo.

Son historias diferentes, pero todas desembocan en el mismo punto. Podremos discutir durante horas si jurídicamente eran policías, auxiliares, guardias o servidores pertenecientes a una categoría especial. La delincuencia nunca hizo esa distinción. Cuando un elemento uniformado y armado se encontraba entre un asaltante y aquello que debía proteger, el riesgo era exactamente el mismo.

Contratos millonarios, salarios de ocho o diez mil pesos

Ahí aparece quizá la contradicción más injusta. Mientras CUSAEM llegó a administrar contratos de enorme magnitud y a proteger instalaciones gubernamentales por todo el país, los hombres y mujeres encargados de cumplir esos servicios han trabajado históricamente por cantidades mucho más modestas. Ofertas laborales y testimonios de trabajadores han situado algunos ingresos operativos alrededor de ocho o diez mil pesos mensuales, dependiendo del servicio, grado y momento, acompañados por jornadas que podían extenderse doce y hasta veinticuatro horas. Comer dentro del servicio, dormir ahí cuando las condiciones lo permitían, pasar Navidad o Año Nuevo frente a una puerta y regresar después para volver a ponerse el uniforme formó parte de la realidad de muchos integrantes.

También existe un vocabulario que difícilmente aparece en los documentos oficiales, pero que es conocido entre elementos y exintegrantes. Uno de esos términos es “C2”, utilizado para referirse a esquemas en los que algunos aspirantes habrían comenzado a cubrir servicios mientras todavía se encontraba pendiente parte de su incorporación administrativa. Determinar documentalmente el alcance de esa práctica resulta complicado y precisamente ahí radica el problema: una corporación de esta dimensión nunca debió depender de rumores, testimonios o códigos internos para que sus trabajadores supieran exactamente cuál era su situación laboral.

¿Y la seguridad social?

Quizá ningún asunto retrate mejor las contradicciones laborales de CUSAEM que la atención médica. El vínculo con el ISSEMYM ha estado marcado por una enorme deuda acumulada y por años de dificultades para normalizar la seguridad social de sus trabajadores. En la práctica, integrantes han recibido atención mediante servicios médicos vinculados a la propia corporación, entre ellos la conocida Policlínica, en lugar de contar de manera ordinaria con el esquema que cualquiera imaginaría al escuchar que trabaja para una institución relacionada con el Gobierno del Estado de México.

La paradoja es evidente. Hablamos de personas que portan armas, custodian instalaciones gubernamentales, pueden terminar enfrentándose con delincuentes y realizan jornadas extraordinariamente largas, pero cuya atención médica y seguridad social se convirtió durante años en uno de los principales pendientes institucionales. La administración actual asegura que intenta corregir esa situación: recientemente informó haber alcanzado un convenio para el pago de sus adeudos con el ISSEMYM y ha anunciado otras medidas encaminadas a mejorar las condiciones de sus integrantes. El verdadero éxito no será firmar el convenio, sino conseguir que un guardia que arriesga la vida durante un servicio tenga la certeza de que él y su familia cuentan con seguridad social efectiva.

Ochenta años después, la promesa vuelve a ser regularizarlos

La llegada de Delfina Gómez al Gobierno del Estado de México abrió un nuevo capítulo. Su administración ha planteado avanzar hacia el saneamiento y regularización de los cuerpos auxiliares, mientras que Carlos Javier Álvarez Cárdenas llegó a la dirección con una trayectoria vinculada al ámbito militar y de seguridad. El perfil resulta simbólico para una corporación históricamente marcada por disciplina, jerarquías y una imagen policial, pero cuya identidad institucional ha sido cuestionada durante décadas.

Los problemas heredados son enormes. La deuda con el ISSEMYM alcanzó dimensiones multimillonarias y la propia administración estatal ha reconocido que una institución de este tamaño no puede simplemente desaparecer de un día para otro. Ahora, al cumplir 80 años, CUSAEM asegura haber avanzado mediante un convenio de pago con ese instituto, regularización de adeudos fiscales, nuevos tabuladores, una ruta profesional y mejores condiciones para los grados operativos de menores ingresos. Entre las medidas anunciadas destaca un incremento de 56.39 por ciento para el personal operativo con grado de Guardia “C” intramuros, además de procesos de capacitación, evaluación y certificación.

Son avances que deben reconocerse si efectivamente mejoran la vida de quienes están abajo. Pero después de ocho décadas también resulta legítimo preguntar por qué cuestiones tan elementales como un tabulador claro, seguridad social efectiva, profesionalización y certeza sobre la situación administrativa de los elementos tardaron tanto tiempo en convertirse en prioridades.

Ochenta años frente a nosotros

Los CUSAEM sobrevivieron al PRI hegemónico, a la alternancia, a la creación de la Policía Federal, a la Agencia de Seguridad Estatal, a las transformaciones de la Policía Estatal, a la desaparición de la Policía Federal y a la creación de la Guardia Nacional. También sobrevivieron al proceso mediante el cual el Servicio de Protección Federal comenzó a desplazarlos de instalaciones federales. Siguen ahí, con miles de hombres y mujeres custodiando bancos, industrias, comercios, instituciones y dependencias públicas.

Durante ochenta años estuvieron frente a nosotros: en las puertas de los edificios públicos, las casetas, las patrullas, los bancos, los hospitales e incluso estaciones del Metro. Los confundimos con policías porque parecían policías; Plataforma México llegó a registrarlos como policías bancarios o rasos; les exigimos intervenir como policías cuando ocurría un delito y, cuando las cosas salieron mal, muchos terminaron enfrentándose a las mismas armas que enfrentaría cualquier policía. Sin embargo, durante demasiado tiempo el propio Estado fue incapaz de explicar con absoluta claridad qué lugar ocupaban dentro de su sistema de seguridad y de garantizar que quienes sostenían ese enorme aparato recibieran condiciones laborales proporcionales a la responsabilidad que tenían sobre los hombros.

Tal vez por eso la historia de CUSAEM no debería terminar con su desaparición, sino con su transformación: salarios dignos, seguridad social efectiva, controles de confianza, facultades perfectamente delimitadas, cuentas transparentes y una identidad jurídica que después de ocho décadas no deje lugar a dudas. Porque aunque los debates jurídicos sobre CUSAEM puedan ocupar páginas enteras, una bala nunca pregunta cuál es la naturaleza jurídica de quien lleva el uniforme.

Y porque mientras México discutía durante años quién debía proteger a los ciudadanos, hubo miles de hombres y mujeres realizando una tarea mucho menos visible: cuidar al propio Estado.