
Sin un diagnóstico previo del parque vehicular ni un estudio de mercado que justificara la operación, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, concretó la compra de 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos mediante adjudicación directa. La empresa beneficiada no aparece registrada en los archivos oficiales del gobierno federal.
El Pleno del OAJ sostiene que la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación respondió a fallas recurrentes en las unidades en uso. No obstante, en el boletín difundido el pasado 23 de enero no se incluyeron dictámenes técnicos, análisis financieros, evaluaciones operativas ni consideraciones de seguridad que sustenten la decisión de omitir un proceso de licitación pública.
Fuentes extraoficiales dentro del propio Órgano de Administración Judicial señalan que la empresa presuntamente favorecida sería Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, la cual habría recibido los 252 millones de pesos para proveer 571 vehículos destinados a funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas. No obstante, no se detallan los costos asociados a la carga de estos vehículos ni el consumo de electricidad que implicará su operación. A ello se suma que, actualmente, la dependencia no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores, aseguró un trabajador del Órgano de Administración Judicial.
Vinculada desde su origen al panismo, Jet Van Car inició su expansión en el mercado de contratos públicos durante el gobierno de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la empresa ha sido beneficiaria de 825 contratos federales que suman más de 19 mil 384 millones de pesos, de acuerdo con datos del portal de compras de gobierno Compras MX.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Jet Van Car fue inhabilitada por incumplir contratos con el gobierno federal. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías millonarias en sus operaciones y dio vista al Servicio de Administración Tributaria para que investigara posibles irregularidades fiscales.