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Ciudad Juárez y el INM

El gobierno de AMLO busca en el papel conciliar dos enfoques opuestos: el control migratorio y el de respeto a los derechos humanos de los migrantes.

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En nuestro país, el componente preponderante de la gestión migratoria en las últimas décadas ha sido la contención de la migración irregular, los gobiernos se han volcado a detectar, detener y deportar a los migrantes tanto en las fronteras norte y sur como en el interior del territorio (la llamada frontera vertical).

A la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han tomado diversas medidas para afrontar la migración en tránsito por México hacia Estados Unidos que en el papel busca conciliar dos enfoques opuestos, por un lado, el control migratorio y por otro el de respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Han sido tres elementos que han definido el fenómeno migratorio: la expectativa de un cambio en México en la que predominaría el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el cambio en el perfil y dinámica del flujo migratorio y la presión del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ante la amenaza de imposición de aranceles sobre productos mexicanos si el gobierno mexicano no lograba reducir la migración irregular obligó a imponer nuevas medidas de contención hacia los migrantes dentro de nuestro país y comenzó con la militarización de la política migratoria.

La participación de las Fuerzas Armadas en la política migratoria ha sido gradual y a través de diferentes mecanismos, en particular el involucramiento de la Guardia Nacional por medio de la intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar y la colocación de militares y exmilitares en puestos claves del Instituto Nacional de Migración (INM).

La participación militar ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, discriminación racial, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han llevado a la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad.

2022, fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por nuestro país en situación irregular con 444,439 arrestos, 44% más que el año anterior, de acuerdo con la Organización Internacional de Migración, sumado a la militarización y derivado del anuncio de Biden de dar continuidad a las políticas migratorias impuestas por Trump, vislumbraba ya una crisis migratoria y un problema mayor en la frontera con México y llevó a la trágica muerte de 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez el pasado 29 de marzo.

La migración es un fenómeno complejo, con distintas causas y efectos. Hay muchas razones por las que las personas migran, sin embargo existen comunes denominadores: buscar mejores oportunidades económicas y acceso a un trabajo digno y huir de conflictos armados, violencia e inseguridad son las más comunes; las personas no renuncian a sus vidas, sus raíces, sus costumbres, sus caras conocidas, sus familias por gusto, buscan una vida digna que no encuentran por las condiciones políticas, sociales y económicas de sus países y no podemos, ¡no!, seguir sometiéndoles a círculos de violencia y atentar contra sus derechos humanos. La crisis migratoria es ya una crisis humanitaria, y las medidas de atención tienen que ser mucho más profundas y mucho más humanas. El centro de detención en Juárez podrá ser clausurado, pero no podemos deshumanizar la muerte de esos 39 hermanos, padres, hijos y amigos que a la postre, solo buscaban vivir, vivir en mejores condiciones.

 

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