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CDMX invertirá 100 mdp más para mantener escuelas

Jefa de Gobierno anuncia que también crecerá presupuesto para becas de niños

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Cuidad de México | 4 de enero de 2022. | Redacción.-

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que para este año se incrementarán 100 millones de pesos, es decir 50% del presupuesto destinado en el 2021, al programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, que incluye a 2 mil 789 centros públicos de educación básica.

“Va a tener un aumento Mejor Escuela este año, de 50%, entonces vamos a incrementarle más de 100 millones de pesos, de tal manera que a partir de la próxima semana ya inician las asambleas en todas las escuelas para que se elija a su comité de ejecución, de vigilancia y puedan decidir entre todos los padres de familia y madres de familia, junto con los directores y maestros de la escuela, en qué va a ser utilizado este recurso”, dijo al encabezar la entrega de obras de la Escuela Secundaria 11 Adriana García Corral.

Más tarde, en una tarjeta informativa, el Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) detalló la convocatoria para ingresar al programa comenzó el 1 de enero y concluirá el 15 del mismo mes, y explicó que el programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela tiene el objetivo de dar mantenimiento y conservación general, servicios sanitarios y de accesibilidad universal.

Mientras tanto, Sheinbaum Pardo agregó que para el próximo ciclo escolar 2022-2023 también aumentará el presupuesto para el programa Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para empezar, así como el número de cocinas que forman parte del programa Alimentos Escolares Calientes, para llegar a cerca de mil escuelas

Por otro lado, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, detalló que en tres años, el Gobierno capitalino ha invertido mil 773 millones de pesos en 2 mil 17 planteles educativos; de estos recursos, mil 99 millones corresponden a estudios y proyectos, y 640 millones fueron destinados a rehabilitaciones.

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Congelar los aumentos no garantiza vivienda accesible: la CDMX sigue expulsando a sus habitantes

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La Ciudad de México enfrenta una contradicción: mientras el Gobierno capitalino impulsa medidas para contener el encarecimiento de las rentas, miles de habitantes continúan enfrentando dificultades para permanecer en las colonias donde han construido su vida.

La propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, presentada por la administración de Clara Brugada en octubre de 2026, plantea que los aumentos anuales de alquiler no superen la inflación, además de establecer un registro digital de contratos y crear una defensoría para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

Sin embargo, limitar los incrementos no significa que las viviendas sean accesibles. El problema comienza desde el precio inicial de los contratos, que puede quedar fuera del alcance de familias con ingresos bajos y medios.

De acuerdo con datos publicados por El País en octubre, las rentas en la capital aumentaron 9.6% entre julio de 2025 y julio de 2026, según cifras de Inmuebles24. Esto refleja la presión que continúa ejerciendo el mercado inmobiliario sobre los hogares capitalinos.

La iniciativa también llega después de que la Suprema Corte validara, en febrero de 2026, el límite legal que impide aumentar las rentas por encima de la inflación anual. Es decir, la regulación ya existe, pero su aplicación y capacidad para contener el encarecimiento de la vivienda siguen siendo parte de la discusión.

Otro pendiente es la construcción de vivienda social y económica. Sin una oferta suficiente de inmuebles a precios realmente accesibles, las familias con menores ingresos seguirán compitiendo por espacios cada vez más costosos.

La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve limitar los aumentos de renta si una familia trabajadora ni siquiera puede pagar el precio de entrada a una vivienda?

La crisis habitacional no se resolverá únicamente con reglas para propietarios. También requiere inversión pública, alternativas de vivienda y políticas que permitan a los habitantes conservar su arraigo en la ciudad.

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Catean inmueble en Gustavo A. Madero por presunto robo de vehículos; hay un detenido

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro nacional de labores por tiempo indefinido en distintas entidades del país, en protesta contra el nuevo mecanismo de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los inconformes consideran que el esquema pone en riesgo su estabilidad laboral, sus derechos adquiridos y la permanencia en sus puestos, debido a que contempla evaluaciones para secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

Las movilizaciones incluyeron cierres de instalaciones, bloqueos viales y manifestaciones en distintas ciudades. Entre los puntos afectados se encuentran sedes judiciales de la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Quintana Roo.

Los trabajadores exigieron revisar los criterios de evaluación y establecer garantías para proteger su trayectoria dentro de la carrera judicial.

Por su parte, el OAJ aseguró que los primeros exámenes, programados para diciembre, tendrán carácter diagnóstico y no implicarán despidos ni pérdida de plazas.

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CDMX registra casi 11 despojos de viviendas al día; suman más de 41 mil en una década

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Ciudad de México. El despojo de viviendas y terrenos se ha convertido en un problema creciente en la capital del país, donde grupos delictivos utilizan amenazas, invasiones y falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de propiedades.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en reportes periodísticos, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 2 mil 961 casos de despojo en la Ciudad de México, lo que representa un promedio cercano a 11 denuncias diarias.

La dimensión del problema también se refleja en el acumulado de la última década, periodo en el que se han registrado más de 41 mil casos.

El incremento en el valor de los inmuebles ha convertido este delito en un negocio atractivo para organizaciones criminales, particularmente en zonas donde la demanda de vivienda ha provocado un encarecimiento considerable de las propiedades.

Entre las modalidades identificadas se encuentran la ocupación ilegal de viviendas deshabitadas, la falsificación de escrituras y el ingreso violento a inmuebles mediante amenazas contra sus propietarios.

También existen denuncias sobre una posible participación de funcionarios públicos y redes de complicidad que facilitarían las operaciones ilegales.

Para las víctimas, recuperar su patrimonio puede convertirse en un proceso largo y costoso, debido a los procedimientos judiciales y las dificultades para acreditar la propiedad y conseguir la restitución de los inmuebles.

El fenómeno representa un desafío para las autoridades capitalinas, que enfrentan la necesidad de fortalecer las investigaciones, combatir los fraudes inmobiliarios y garantizar la protección del patrimonio de las familias.

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