La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó de manera oficial que el dispositivo interinstitucional desplegado con motivo del encuentro futbolístico entre México e Inglaterra concluyó con saldo blanco tanto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México como en los 100 espacios públicos habilitados para la transmisión del juego. La mandataria estatal enfatizó que el verdadero triunfo administrativo consistió en garantizar el retorno seguro de más de un millón 350 mil aficionados hacia sus respectivos hogares, una meta logística alcanzada mediante la coordinación estratégica de 40 mil servidores públicos. Brugada apuntó en su rueda de prensa que el gobierno operó con éxito en las calles para mitigar los riesgos derivados del crecimiento exponencial de asistentes en los puntos de concentración masiva.

Asimismo, la ejecutiva local aprovechó su intervención para dirigir un mensaje de reconocimiento a los integrantes de la Selección Mexicana, elogiando la entrega y el honor deportivo mostrado en la cancha durante el torneo internacional. Al margen del plano competitivo, Brugada celebró los indicadores financieros del evento, destacando una derrama económica que ya alcanza los 45 mil millones de pesos, con expectativas de superar los 50 mil millones al cierre definitivo de la competencia. La capital del país ha registrado la llegada de 3.7 millones de turistas y sostiene niveles de ocupación hotelera por encima del 80 por ciento, consolidando a la metrópoli como una de las sedes más hospitalarias y dinámicas a nivel global en el desarrollo de la justa mundialista.

Por su parte, la secretaría de Salud de la CDMX, bajo la dirección de Nadine Gasman Zylbermann, operó 25 puestos de auxilio médico atendidos por 738 profesionales sanitarios, quienes brindaron un total de 801 asistencias clínicas y coordinaron 26 traslados hospitalarios de urgencia. Las incidencias menores incluyeron casos de deshidratación, fatiga muscular y crisis de salud mental. En materia de orden público, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, detalló el despliegue de 17 mil efectivos policiales, cuyo filtrado preventivo en el corredor de Paseo de la Reforma permitió el decomiso de 46 mil 300 latas de cerveza, 4 mil 672 botellas de licor y 7 mil 725 latas de espuma, remitiendo a 114 infractores ante el Juzgado Cívico.

La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada García ingresó un memorando de recomendación dirigido al juez federal estadounidense Brian Cogan, en el cual el exlíder del Cártel de Sinaloa ratifica su aceptación a una condena obligatoria de cadena perpetua tras declararse culpable de múltiples cargos criminales. La petición central del documento radicado la tarde del pasado 6 de julio de 2026 no busca apelar la severidad de la pena, sino influir de manera directa en las condiciones de su reclusión. Los abogados del capo argumentan que, debido al estado de salud de su cliente, el tribunal federal debería considerar enviarlo a una institución penitenciaria que cuente con infraestructura médica adecuada, en lugar de un penal de máxima seguridad.

El documento retoma la comparecencia de agosto de 2025, fecha en que Zambada García modificó su postura inicial de no culpabilidad para admitir la responsabilidad en los delitos de conspiración y conducción de una empresa criminal continua dedicada a la importación y distribución masiva de estupefacientes en la Unión Americana. Mediante esta estrategia procesal, el indiciado evitó formalmente la pena de muerte y ahorró recursos financieros significativos al sistema judicial norteamericano, al eludir la celebración de un juicio prolongado y mitigar los riesgos de seguridad para los testigos protegidos. El veredicto final y la lectura formal de la sentencia están programados para ejecutarse el próximo lunes 20 de julio.

Zambada García permanece bajo custodia del gobierno estadounidense desde su detención ocurrida en julio de 2024 en las inmediaciones de El Paso, Texas, un arresto que el propio narcotraficante calificó como un secuestro perpetrado bajo engaños por Joaquín Guzmán López, vástago de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La defensa del Mayo busca que su reclusión difiera por completo del régimen de aislamiento extremo que su antiguo socio padece en la actualidad, apelando al comportamiento institucional que el imputado ha mantenido a lo largo del litigio y sugiriendo que el juez Cogan evalúe sus padecimientos crónicos —cuyos expedientes médicos se mantienen bajo reserva— al momento de designar el centro de reclusión definitivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de votos dejar sin efectos la revisión que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero pretendía aplicar sobre la administración de la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez. El litigio constitucional versaba sobre el análisis y la fiscalización del ejercicio fiscal de un paquete económico que asciende a los 898.6 millones de pesos correspondientes al periodo 2023. Los ministros del máximo tribunal del país determinaron que el órgano fiscalizador local carece de las atribuciones jurídicas necesarias para auditar dicho capital, al tratarse de recursos de origen estrictamente federal.

El cuerpo de ministros de la Suprema Corte especificó en su fallo que la facultad exclusiva para revisar, auditar y determinar responsabilidades administrativas sobre los fondos públicos de cuño federal ejercidos por el municipio de Acapulco le corresponde por mandato constitucional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tras notificarse el dictamen judicial, la presidenta municipal con licencia emitió un pronunciamiento en plataformas digitales celebrando la resolución. López Rodríguez apuntó en su mensaje que la decisión del tribunal constitucional brinda certeza jurídica, reafirma de manera contundente el respeto al marco normativo y fortalece la correcta distribución de competencias.

No obstante, las implicaciones del fallo judicial no eximen a la funcionaria de sus obligaciones de rendición de cuentas públicas. Aunque la administración municipal de Acapulco libró la intervención del órgano estatal de Guerrero, la resolución no frena ni invalida la potestad de las instituciones federales para iniciar carpetas de investigación o auditorías forenses directas. Corresponderá ahora a la Auditoría Superior de la Federación evaluar si los indicios de supuestas irregularidades ameritan la apertura de un proceso federal de fiscalización para determinar si existió algún desvío o anomalía en el gasto de la partida presupuestal en cuestión.