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23 años después y CDMX no paga deuda de Gertz
Por incumplir contrato cuando era Jefe de Policía, Gertz, provocó adeudo a empresa que sigue pendiente; van por juicio político a Sheinbaum.
Cuidad de México | 28 de junio de 2022. | Redacción.-
Esto la llevó a interponer recursos tajantes: denunció a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y busca que la enjuicien políticamente por el desacato, por lo que realizó la solicitud correspondiente ante la Cámara de Diputados.
Sin embargo, según documentación de la que REFORMA posee copia, la estrategia de la Administración capitalina es retrasar y evadir una vez más el pago y al frente de la FGR está Alejandro Gertz Manero, quien originó el adeudo cuando encabezaba la Policía de la Ciudad.
Todo comenzó en 1999, cuando la empresa internacional ganó una licitación pública para entregar 8 mil 995 chalecos antibalas entre enero y febrero del 2000 a la otrora Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el ahora Fiscal federal.
El funcionario incumplió el contrato, American Protective demandó y ganó el pago de los 2 millones 17 mil 128 de dólares (unos 40 millones de pesos). La sentencia a favor de la empresa se reiteró en las administraciones de Rosario Robles y hasta Claudia Sheinbaum.
“Ahora es juez y parte”, indicó Ysolino Anton González, representante legal de American Protective, “ya denunciamos y estamos a la espera de que las autoridades investiguen, pero está más que claro, ya está la sentencia y se ha incumplido, hay desacato y la Fiscalía de la República turnó la denuncia a la Fiscalía General de la Ciudad, ninguna ha brindado información sobre avances”.
Desde 2018, la empresa denunció el incumplimiento de las resoluciones que le daban la razón y exigían el pago, por lo que el ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debía acreditar las acciones hechas para cumplir; al no hacerlo, fue multado dos veces, por 15 mil y 70 mil pesos. Pero la deuda por los chalecos no fue cubierta.
Ya en el actual sexenio, en 2019 se confirmó la sentencia para que el Gobierno pague de inmediato a American Protective y se instruyó a que la Administración local asegurar el dinero para ello, incluso, si tenía que solicitarlo a la Federación.
El Gobierno de Sheinbaum ha incumplido la orden del juez una vez más y, pese a ya haber sido multada tres veces -dos por 15 mil y una por 25 mil pesos-, tampoco ha acreditado haber asegurado los recursos para el pago.
Los más recientes recursos de la empresa fue denunciar ante la FGR a la Mandataria y solicitar en abril a la Cámara de Diputados iniciar un juicio político contra Sheinbaum por desacato sin justificación de resoluciones judiciales.
La resolución a esta última petición toma al menos mes y medio, es decir, en los próximos días los legisladores deberán resolverla.
“Aquí la violación es clara y directa porque pasaron dos años de la última sentencia y no se ha cumplido, más todos los 20 años anteriores”, enfatizó González.
“No es una cuestión política, no nos interesa obstaculizar en ningún momento la carrera política de ningún funcionario, el único objetivo que tenemos es que se cumpla la sentencia, que se cumplan las leyes, que se cumpla la Constitución y que se nos pague. Sabemos que no vamos a recuperar todo, pero queremos recuperar parte del daño que se nos hizo”.
Hasta donde han notado, la apuesta nuevamente es retrasar el pago. Por ejemplo, la CDMX solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que lo hiciera, cuando es la Secretaría de Finanzas la que debería encargarse.
Aunque la resolución del juez permitía que la Administración de Sheinbaum acreditara su petición de dinero a la Federación y que ésta lo entregara, la Secretaría de Hacienda ya se deslindó.
De acuerdo con la documentación oficial de la semana pasada, esta dependencia federal descartó brindarle el dinero al Gobierno local e instó a la Administración de Sheinbaum a etiquetar el monto del adeudo de más de 2 millones de pesos en su próximo Presupuesto de 2023, el cual se define en septiembre.
“Esto es dolo directo y tajante y algún tipo de estrategia para ganar más tiempo tal vez por las campañas electorales y así eludir el problema para participar y dejarlo al siguiente funcionario”, alertó el representante legal.